Dos días invadiendo un terreno en Bosques de San Martín, propiedad de la Gobernación de Casanare, llevaban 45 familias que tras reunirse con el alcalde de Yopal y la fuerza pública voluntariamente desocuparon el predio, confirmó el comandante de la Policía en Yopal, capitán James Vidal.

“No hubo ni una sola piedra lanzada, ni una sola grosería, la gente acató lo dispuesto por parte de la alcaldía, de tenerlos en cuenta en un proyecto de vivienda que se viene a futuro, y desalojó voluntariamente”, dijo.

La diligencia terminó hacia las seis de la tarde, con el acompañamiento de la autoridad policial.

Sin embargo, en el terreno permanecen otras 10 familias, que llevan más de tres meses instaladas allí. Por lo que el capitán Vidal agregó que se realizará un procedimiento más adelante, pues ya hay un proceso por inspección de policía, y están esperando la notificación para proceder con el desalojo, la cual puede darse a finales de mes.

Afortunadamente no fue necesaria la intervención del ESMAD, para que las familias levantaran los cambuches voluntariamente, en una diligencia de la administración municipal, que acompañó la Personería junto a las demás autoridades involucradas, para garantizar los derechos de las partes.

El personero de Yopal, Juan Manuel Nossa Fuentes, expresó que se hará un censo para identificar a las personas que están en condición de vulnerabilidad, así como aquellos que ya tienen predios, y que el alcalde se comprometió a generar un proyecto para solucionar sus necesidades de vivienda.

También recordó que el proyecto de vivienda Bosques de San Martín fue desarrollado por la Gobernación de Casanare y está conformado por alrededor de 400 subsidios.

“Quiero denunciar la grave problemática que está viviendo Yopal debido a la gran cantidad de invasiones que se están generando, están llegando personas de diferentes partes del país a ocupar predios privados o públicos”, dijo el Personero.

Por su parte Yurley Rojas, propietaria de un lote del sector, expresó que es preocupante la situación porque muchos como ella tienen la escritura, que le entregaron como subsidio, pero no han podido construir y esas personas estaban entrando a la fuerza desde el domingo.

A su vez los invasores reclaman ayuda pues aseguran que no tienen donde vivir. Además hay un grupo de 24 familias que son poseedores hace alrededor de dos años y reclaman su derecho a una vivienda digna y acceso a los servicios públicos de los que aún adolece el sector.