El Tribunal Administrativo de Casanare ordenó revocatoria directa del acto administrativo que otorgó subsidio de vivienda familiar al Concejal Heyder Alexander Silva García, al considerar que incumplió con los requisitos de asignación.

El fallo en segunda instancia confirma la sentencia proferida por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Yopal que desde el pasado 8 de junio había ordenado que le revocarán el subsidio entregado mediante Resolución 0615 de 26 de diciembre de 2011 que lo hacía beneficiario a uno de los apartamentos del proyecto “Torres de Cubarro”.

El argumento del Juez para quitarle el subsidio de vivienda al cabildante está relacionado con que, en su momento, Silva, entregó información financiera falsa ante el Idury, donde adjuntó una certificación de un Contador público que indicaba que sus ingresos no superaban el $1.500.000 mensual. En cambio, se logró comprobar que obtuvo ingresos por asesoría profesional en el departamento de Casanare por la firma del contrato de prestación de servicios número 100.19.187 de 2 de marzo de 2011 que daban cuenta que había alcanzado un ingreso anual de $34.772.100 y un promedio mensual de $ 5.795.350.

Agrega el fallo que se logró comprobar que percibió más de 4 salarios mínimos legales vigentes que era el requisito exigido para obtener el subsidio.

El fallo señala que el cargo de falsa motivación por persecución política no está llamado a prosperar en la medida que fue el Municipio el que inicio procedimiento administrativo tendiente a comprobar el cumplimiento de los requisitos a todos los beneficiarios del subsidio y no únicamente a Silva.

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Silva insiste

El Concejal Heyder Silva, mediante un vídeo alegó nuevamente que el fallo en primera instancia fue proferido por el Juez Primero Administrativo, Roberto Vega Barrera, a quien él acuso de ser contratista de Entidades del Estado a través de su hermana, por lo debía haberse declarado impedido al igual que lo hizo con otros 70 procesos.

Silva insistió que para la fecha de la asignación de subsidios él no era Concejal y si bien trabaja por orden de prestación de servicio, “los contratistas tienen condiciones especiales debido a que deben incurrir en gastos como la legalización del contrato, pago de parafiscales, asumir descuentos de ley, entre otros gastos por lo que los ingresos percibidos se ven notoriamente reducidos”.

Silva afirmó que en el 2012 el ex alcalde Willman Celemín y el Gerente del Idury Alexander Cortés revocaron el 50% de los subsidios con el fin de desfinanciar el proyecto. Reiteró su tesis que “esa decisión es producto de la retaliación de políticos a los que él ha atacado por graves hechos de corrupción que han sido denunciados”.

Manifestó que “tiene la frente en alto y que continuará en su lucha por tener una vivienda digna para él y su familia interponiendo una Acción de Tutela ante el Consejo de Estado para reclamar el derecho de tener un techo”.