El Comité de estudio del caso de la ciudadela “la bendición”, informó que trabaja para definir las estrategias interinstitucionales sobre temas cruciales en los que se requieren decisiones de fondo, como el acueducto del sector y el suministro de agua potable. Las recomendaciones hechas por Corporinoquia en concepto técnico acerca del monitoreo de los piezómetros. Las problemáticas de vertimientos y puntos vulnerables. Condiciones de salubridad. Seguridad. Nuevas Invasiones. Y discusiones relativas a legalización del predio y demás alternativas.

Luego de un trabajo iniciado por el Alcalde Ad hoc designado por el Ministerio del Interior en años anteriores, el Comité consolidó el plan de acción que fue radicado esta semana ante el Tribunal administrativo de Casanare, atendiendo los procesos que cursan.

Se reiteró que la administración municipal es la responsable por competencias constitucionales de brindar soluciones a la problemática de la ciudadela “la bendición”, por lo que se advirtió a la comunidad, que ni la ruta para la legalización de la ciudadela que se está promoviendo, ni ninguna otra alternativa que se proponga a la comunidad por terceros, cuenta con el respaldo ni el reconocimiento de la Alcaldía de Yopal.

Se informó que desde la administración municipal se está adelantando un trabajo ordenado en el marco de la institucionalidad, por lo que se consideran inconvenientes las iniciativas de terceros en una coyuntura preelectoral, que puede prestarse para el beneficio económico y político irregular de los promotores, que no tienen ni las competencias legales ni el reconocimiento institucional para adelantar tales labores.

“Vemos con preocupación que estemos ante situaciones similares a las que se han presentado en Yopal, en donde particulares se presentan como la solución y terminan agravando la problemática de las personas más vulnerables, revictimizando a los más necesitados y en donde nadie responde al daño causado”, señaló en un comunicado el comité de estudio del caso de la ciudadela.

Dicho comité fue creado por orden de la Sala de lo Contencioso Administrativo, sección Primera del Consejo de Estado en referencia a la Acción de Tutela 2014-216, en donde se definieron como miembros del Comité a la Administración Municipal, la Procuraduría Regional de Casanare, la Defensoría del Pueblo Regional de Casanare, la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia y el Ministerio de Vivienda y Ciudad y Territorio.