Los rectores de las instituciones educativas privadas de Yopal, solicitaron a la Secretaría de Educación evaluar la medida que suspendió el modelo de alternancia educativa.

En un documento los Directivos de las Instituciones Educativas privadas manifestaron su desacuerdo con la resolución 0440 de 2021, donde se tomó la determinación de suspender temporalmente el mecanismo de alternancia educativa, teniendo en cuenta la dinámica de la pandemia de Covid-19 en la capital del Casanare.

Los rectores aseguraron en una mesa de trabajo realizada este jueves en el auditorio de La Tríada, que sus instituciones han invertido importantes recursos para garantizar los protocolos de bioseguridad que permitan una alternancia segura.

Expresaron que la mayoría de los padres de familia no cuentan con el tiempo suficiente para realizar el acompañamiento de los estudiantes a través de los escenarios virtuales. Por estas y otras razones, los directivos de los colegios privados de Yopal consideran que la suspensión del modelo de alternancia educativa afecta contundentemente el idóneo desarrollo y operatividad académica de las instituciones, cohibiendo una educación de calidad y con altos estándares de enseñanza.

El Licenciado Álvaro Castañeda, Secretario de Educación, explicó que la prioridad de la Administración Municipal es salvaguardar la salud y el bienestar de la comunidad educativa, razón por la cual siguieron los lineamientos emitidos por el Ministerio de Salud y Protección Social, por tal razón, cualquier modificación debe contener la supervisión y aprobación del Gobierno Nacional.

“Es una normatividad expedida por el Gobierno Nacional y nuestro deber es acatar y hacerla cumplir. Para poder suspender la alternancia se tienen en cuenta diversos parámetros como lo es la ocupación de las UCI, desafortunadamente tenemos una ocupación bastante alta y hasta tanto no mejore la situación, no podemos volver a la alternancia”, advirtió el Secretario de Educación.

El funcionario agregó que, de no acatar las directrices del Ministerio de Salud y Protección Social, el ente territorial puede verse inmerso en sanciones o medidas disciplinarias, hecho que ocasionaría consecuencias más graves en la financiación de iniciativas para la comunidad educativa.