Por comparenderas electrónicas que nunca sirvieron, el ex alcalde de Yopal Willman Enrique Celemín Cáceres y el ex Secretario de Tránsito, Rofer Roncancio, deberán pagar más de 202 millones de pesos dentro del fallo de responsabilidad Fiscal emitido por la Contraloría Departamental de Casanare.

El ente de control señaló que la cuantía del daño fiscal fue de $184’501.771, una vez halladas las irregularidades y falencias en el contrato de compraventa N° 1180 del 21 de octubre de 2013, cuyo objeto consistió en la adquisición de insumos para el mantenimiento de los puntos semafóricos del municipio de Yopal y comparenderas electrónicas para la operación de la Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal.

Este contrato se suscribió con la Unión Temporal Comparenderas 2013 y su valor total fue de $295’753.785. El contrato incluía la adquisición de 10 comparenderas, que efectivamente fueron entregadas. Sin embargo, solo 7 meses después de adquiridas, estos dispositivos presentaron fallas, lo que llevó a que se solicitara a la UT contratista la garantía del producto, evidenciando la deficiencia en la calidad de los mismos. 

Según el ente de control que realizó las auditorias en su momento, la misma Secretaría de Tránsito y Transporte notificó que no pudieron dar aplicación al sistema de comparenderas electrónicas porque no contaban con señal alguna y están bloqueadas.

Sobre los operadores capacitados para maniobrar el sistema se informó que ya no estaban en la Secretaría por lo que las comparenderas no fueron estrenadas, tampoco hallaron las licencias de funcionamiento del software de las comparenderas y por último se halló una certificación técnica expedida por el Ingeniero de Sistemas de la Dirección de Tránsito donde se consta que los equipos no pueden prestar ningún servicio en las condiciones en las que se encuentran.

Por todo lo anterior, la Contraloría Departamental de Casanare en su momento determinó que se efectuó una gestión antieconómica que genera deterioro en el patrimonio por lo que se configura un hallazgo administrativo con presunto avance disciplinario y fiscal y luego de un proceso de defensa y alegatos por parte de los implicados el ente de control manifestó que la sanción quedó en firme.