8 aspirantes al Concejo de Yopal estarían inhabilitados por haber contratado con el Estado, según el informe presentado por la Secretaría de Transparencia de Presidencia de la República.

Los candidatos que quedarían por fuera de la contienda son: Fredy Andrés Melo Cipagauta del Partido de la U, quien figura en la plataforma del Secop II de contratación con el estado con alrededor de 18 contratos de compraventa, suministros y prestación de servicios para instituciones educativas de Yopal, el IDRY, el Indev, la Central Administrativa y contable regional Yopal, entre otras.

Jhon Jairo Peynado Correa del Partido Liberal Colombiano quien tuvo un contrato de prestación de servicios con el departamento de Casanare. 

José Olivo Ascencio, de la Coalición por Yopal, por un contrato de prestación de servicios con el Departamento de Casanare.

Deisy Yeleny Orozco Rincón del Partido Liberal, por un contrato de prestación de servicios con el municipio de Yopal.

Mauricio Virviescas Miranda del partido Verde Oxígeno, por un contrato de compraventa con la Institución Educativa Braulio González.

Deborah Vanesa Rivera de la Coalición Demócrata Conservador por dos contratos de prestación de servicios con el IDRY.

Michael Jonathan Castro, Partido de la U, por un contrato de prestación de servicios por el departamento de Casanare.

Y Anderson Alonso Carrillo, Partido de la U por dos contratos de prestación de servicios con el departamento de Casanare.

El documento fue presentado por el secretario de Transparencia, Andrés Idárraga, quien pone en conocimiento de la ciudadanía, las autoridades y del Consejo Nacional Electoral (CNE), los resultados de una investigación que detectó 526 aspirantes para concejos municipales y 27 para alcaldías quienes podrían estar incursos en una inhabilidad por tener algún tipo de relación contractual desde el 30 de octubre de 2022 a la fecha, en las ciudades y distritos donde inscribieron su candidatura.

“La razón de ser de este tipo de inhabilidad está en la conveniencia pública y la transparencia para garantizar la idoneidad, moralidad, probidad y eficacia en el ejercicio de cargos o funciones públicas. Además de brindar condiciones de igualdad en la contienda electoral y evitar que los recursos públicos ingresen a las campañas político-electorales”, explicó el secretario Idárraga. El Secretario de Transparencia de Presidencia de la República advirtió que la denuncia que hizo tiene como base los datos del Secop II y que este informe fue presentado al Consejo Nacional Electoral y a los órganos de control antes de ser puesto en conocimiento de los medios de comunicación y la ciudadanía:

“El informe sobre 553 candidatos a alcaldías y concejos municipales que según el SECOP II celebraron contratos públicos con los entes territoriales donde esperan ser elegidos, durante el año anterior a la elección, fue trasladado antes de la presentación a los medios y la opinión pública al Consejo Nacional Electoral y a la Procuraduría General de la Nación para lo de su competencia” 

Sin embargo, sobre el informe del secretario de Transparencia de la Presidencia de la República revelado el 17 de octubre, se ha señalado al Gobierno nacional de estar creando una suerte de policía política para perseguir a los candidatos, teniendo en cuenta que el único órgano que la Constitución del 1991 definió para definir quién está habilitado, o no, es el Consejo Nacional Electoral.

Por su parte, la procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, se sumó a las críticas y anunció que están estudiando si Andrés Idárraga, podría verse envuelto en una investigación disciplinaria por participación indebida en política.

“Estamos evaluando en virtud de algunas informaciones que nos han presentado, la situación de su manifestación para analizar antes de tomar cualquier medida, como es lo correcto, si hubo o no injerencia en participación política. El secretario de Transparencia es una persona que da recomendaciones a los entes”, dijo la procuradora Cabello en rueda de prensa

La jefa del Ministerio Público también dijo: “Recordémosle a cada entidad sus competencias, cada cual tiene que asumir y tener claras cuáles son sus competencias. El secretario de Transparencia es un funcionario público que tiene que respetar con mucho cuidado todas las actuaciones y manifestaciones que hace hacia el público, que ejerce una función de secretario técnico de la Comisión de moralidad”.