Padres de familia hicieron pública una denuncia contra un colegio  campestre V N, ubicado en la ciudad de Yopal, acusando a una docente de maltrato infantil. Según la denuncia, la profesora plenamente identificada, encargada de los grados Caminadores y Párvulos, habría sometido a una menor de 2 años a tratos inhumanos mientras estaba bajo su cuidado.

La madre de la menor asegura que su hija fue amarrada a una silla durante las actividades, pellizcada al ser cambiada de pañal y sumergida en una piscina si lloraba mucho. Estas acusaciones se suman a quejas previas de otras profesoras que, según la denunciante, abandonaron la institución por no estar de acuerdo con estas conductas.

Los padres de la menor, tras conocer estos hechos, presentaron una queja formal ante la rectora del colegio, quien defendió a la docente y aseguró que la acusación era falsa. Ante la falta de respuesta satisfactoria, los denunciantes optaron por retirar a la niña de la institución y hacer pública la situación con el fin de que las autoridades competentes tomen cartas en el asunto y otros padres conozcan lo ocurrido.

Los denunciantes afirman contar con pruebas fotográficas del maltrato, incluyendo imágenes de la niña amarrada y con moretones, las cuales fueron publicadas en redes sociales, señalando el nombre preciso de la Institución y el nombre de la docente agresora, con el fin que se tomen las medidas de rigor. 

Por su parte el Secretario de Educación Municipal, David Díaz, informó que su equipo inició un seguimiento a través del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y la plataforma RUPEI, que regula a los prestadores de educación para primera infancia y que si bien no es de su competencia por ser un caso de la primera infancia, la institución educativa donde se presentó el presunto hecho de agresión, sí está reconocida y aprobada por la Secretaría de Educación, por lo que se inició el estudio del caso. 

Dijo el funcionario que el padre de la menor se comprometió a acercarse a la Secretaría para brindar más detalles, pero ya se  activaron  las rutas de atención pertinentes y las entidades correspondientes, como la Personería y la Fiscalía, ya están al tanto de la situación para adelantar las investigaciones necesarias.