En medio del aparente exceso de fuerza impuesta por funcionarios de la Alcaldía de Yopal, tres familias que habitaban en el sector de El Pajonal en el Parque La Iguana, fueron desalojadas de sus casas donde vivieron por más de 20 años.

Pese a que la Defensoría del Pueblo advirtió que no había garantías de los Derechos Humanos y tampoco un debido proceso frente a la actuación administrativa, pues las familias que residían en la ribera del Río Cravo Sur, radicaron sus carpetas desde el año 2018, para lograr un subsidio de vivienda y a la fecha el INDEV jamás se pronunció sobre la entrega de una solución habitacional, la administración de Luís Eduardo Castro ejecutó autoritariamente el desalojo.

 El vocero de la Defensoría, Víctor Alexander Alarcón Araque, señaló que sí bien existía un riesgo por permanecer cerca al río, era necesario revisar el proceso, pues se tiene conocimiento de que se están ejecutando las obras de protección del afluente y tiene sentido que debe garantizarse la integridad de las familias, pero si ellos manifestaban no querer salir de sus viviendas y firmaban bajo su libertad quedarse en el lugar podían quedarse, pues no tienen asignado un subsidio de vivienda.

Indicó que una diligencia de desalojo fue confundida con una evacuación de gestión del riesgo y que no se tenían muchos aspectos claros, sino que pretendían aclararlas durante el proceso de desalojo.

La orden de desalojo fue firmada por el Alcalde Castro, quien encomendó dicha labor a la corregidora de la vereda Alcaraván La Niata, quien finalmente procedió a ejecutar el desalojo, al señalar que dentro de las medidas de protección está el otorgamiento de un subsidio de arrendamiento.

Finalmente se cumplió el desalojo de las familias y posteriormente la destrucción de las casas.

Según Dina Guayabo, residente de unas de las casas hubo exceso de fuerza de parte de los funcionarios de la Alcaldía, maltrato físico a los menores y se hizo un proceso ilegítimo.