Concretamente, el Ministerio Público investiga el Convenio 150 de 2005 suscrito entre el Ministerio del Interior y de Justicia y el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade), que tenía por objeto la construcción de establecimientos penitenciarios y carcelarios.

Durante la ejecución del proyecto se generaron incrementos en los valores inicialmente establecidos para desarrollar las obras, al parecer, porque no se adoptaron los correctivos inmediatos y eficaces que solucionaran los inconvenientes que se pudieron presentar y evitaran el incumplimiento del cronograma y una mayor inversión de recursos públicos.

El órgano de control encontró sobrecostos en estas construcciones de más del 31% en el valor real de las obras.

La Procuraduría consideró que la conducta de los disciplinables puede constituir falta disciplinaria porque no efectuaron los ajustes indispensables ni impartieron las instrucciones y recomendaciones correspondientes al momento en que se presentaron circunstancias irregulares que afectaron la ejecución de cada uno de los proyectos que hicieron parte del convenio referido.