La Procuraduría General de la Nación adelantará hoy mediante procedimiento verbal, una diligencia el Gobernador de Casanare, Nelson Ricardo Mariño Velandia, dentro de la investigación disciplinaria que se le adelanta por posibles irregularidades en un convenio de asociación suscrito entre la Gobernación y la Caja de Compensación Familiar de Casanare (Comfacasanare).

La diligencia se llevará a cabo a partir de las 9:00 de la mañana, en el auditorio Antonio Nariño, ubicado en el piso 4 de la sede central de la Procuraduría en Bogotá y estará a cargo de la Procuraduría II Delegada para la Contratación Estatal.

Los hechos están relacionados con la suscripción de un convenio de asociación entre la Gobernación del Casanare y la Caja de Compensación Familiar de Casanare. El convenio comprometía recursos públicos que superan los 17 mil millones de pesos, circunstancia que según la Procuraduría obligaba al gobernador a seleccionar el contratista mediante licitación pública.

El contrato, tenía por objeto garantizar el servicio de restaurante escolar a 62.895 estudiantes del Casanare para la ampliación y la sostenibilidad de la prestación del servicio educativo, se suscribió según la Procuraduría mediante contratación directa utilizando la figura del convenio de cooperación con el presunto propósito de eludir el proceso licitatorio.

Señala la Procuraduría que el Gobernador habría suscrito y permitido la ejecución del citado convenio de cooperación celebrado con Comfacasanare, entidad que no tenía la capacidad real para desarrollar directamente las actividades propias del objeto convenido razón por la cual tuvo que subcontratar totalmente el objeto del convenio, perdiendo presuntamente el departamento la suma de $1.200.036.600, valor que corresponde a la diferencia entre lo pagado por la Gobernación a Comfacasanare y el valor pagado por esta última al tercero contratado.

Según el Secretario General de la Gobernación de Casanare, Gabriel Barreto, lo curioso es que Comfacasanare, es operador del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y varios municipios, además desde años atrás se venía haciendo ese tipo de contratación con Comfacasanare.

Inclusive el tema se le consultó al Ministerio de educación en las mesas de trabajo realizadas a comienzo de año y estuvieron de acuerdo, expreso Barreto.

Sin embargo, la Procuraduría sostiene que con estas acciones se habría eludido el procedimiento selectivo de la licitación pública, “el cual tiene la característica de ser la regla general de selección de los contratistas, teniendo en cuenta la cuantía, las condiciones del contrato y las calidades propias del subcontratista, quien finalmente ejecuta las actividades del convenio”.

El Ministerio Público agregó que la prueba documental allegada al proceso permite concluir que el reproche disciplinario hecho al señor Mariño Velandia se formula a título de culpa gravísima, por cuanto no habría cumplido con su responsabilidad de dirigir y manejar la actividad contractual del departamento.

El gobernador de Casanare, señaló que tiene la convicción que todo saldrá bien y que confía primeramente en Dios y en que ha actuado conforme a la ley.

Por su parte, Gabriel Barreto opinó que “La Procuraduría está en su derecho de creer que no se puede así, entonces habrá que ir a las audiencias y explicarles allá claramente las razones por las cuales nosotros consideramos que así es”, afirmó Gabriel Barreto y añadió, “Pueden estar tranquilos, yo estoy tranquilo que ahí en ese caso a mí me parece que no hay absolutamente nada. Yo tengo serias convicciones y razones jurídicas para considerar que la Procuraduría está equivocada y habrá que expresarlas en las audiencia que para tal efecto se establecen”