A través de un comunicado Sicim, empresa italoargentina que construyó el primer tramo del Oleoducto Bicentenario entre Casanare y Arauca, aseguró que no ha sido notificada de la investigación que adelanta la Fiscalía General de la Nación, por la presunta financiación que dicha corporación estaría haciendo al Eln y a las Farc en los departamentos de Arauca y Casanare.

“Según informes de medios colombianos, existe una investigación que involucraría a un ex empleado de Sicim y un empleado actual de la subsidiaria de la compañía en Bogotá. Sicim no ha recibido notificación alguna de las autoridades colombianas ni una comunicación oficial sobre el tema. De igual manera, se ha iniciado una investigación interna para verificar la información difundida sobre lo ocurrido”.

La Fiscalía General de la Nación a su vez, confirmó que investiga la presunta entrega de millonarias sumas de dinero al Frente de Guerra Oriental del Eln y que tiene pruebas de que dos directivos de la empresa de ingeniería contratista de Ecopetrol, mantenían comunicación con guerrilleros para pagar por “seguridad” y movilidad de sus vehículos en vías de Arauca y Casanare, y así evitar ser blanco de atentados.

La Fiscalía cree que para poder cumplir su trabajo con el ELN, alias 'La Gorda' creó una fundación cívica en Arauca, en sociedad con alias 'Leidy', a través de la cual presuntamente manejaban personal y dinero de la guerrilla.

Francisco Elizondo, representante legal de la multinacional Sicim en Colombia, quién aparece en varias fotografías y es quien habla en las grabaciones reveladas por la fiscalía con alias la gorda, negó haber realizado millonarios pagos a la fallecida Amali Meza, quien según las autoridades fue una de las jefes del Frente de Guerra Oriental del ELN, que opera en Arauca.

“Aunque la conocía no había ningún tipo de negocio con ella", afirmó Elizondo.

El nexo entre la empresa y el ELN, según grabaciones publicadas por Noticias RCN, habría sido 'La Gorda'. Además, la investigación de la Fiscalía también demostraría los pagos hechos a las Farc.

Finalmente, el ministro de Minas y Energía, Tomás González dijo que el caso será revisado, ya que previamente, en el año 2011, el presidente Juan Manuel Santos había manifestado que las empresas que pagaran sobornos a las guerrillas serían expulsadas del país.

"Vamos a revisar qué podemos hacer para acelerar las investigaciones y tomar las medidas que nos permita la ley", afirmó el ministro.