Sin permiso de operación, captación de aguas subterráneas y vertimientos se encontraba trabajando la empresa Ecofinanzas Ltda en la vereda “La Lobería” del municipio de Tame, Arauca.
El proyecto denominado Centro de Aprovechamiento de Residuos Industriales – Capri 1, se encontraba recepcionando material proveniente de la industria petrolera a través del almacenamiento de tapones de tubería, llantas usadas, material contaminado con hidrocarburos, chatarra y canecas vacías con residuos del petróleo.
En el momento de la visita la empresa se encontraba realizando actividades de construcción para la adecuación de áreas de biorremediación y lechos de secado; y junto a estas obras se encontraron 112 metros cúbicos de tierra posiblemente contaminada de hidrocarburos la cual estaba dispuesta a cielo abierto sin ningún tipo de geomembrana o protección por encima de la misma, que pudiera evitar cualquier tipo de lixiviación.
A su vez, se encontró que la empresa contaba con un pozo profundo sin el respectivo permiso para la captación de aguas subterráneas, así como una batería de baños del área administrativa que tiene vertimientos en un pozo séptico el cual no contaba con el respectivo permiso.
En la verificación se constató que la empresa no cuenta con una licencia ambiental aprobada por Corporinoquia debido a que en ningún momento se ha reportado la intención de adelantar dicho proyecto a través de un plan de manejo y un estudio de impacto con los cuales realizar la respectiva evaluación de este proceso con el fin de darle viabilidad.
Con lo evidenciado en campo se impuso medida preventiva consistente en la suspensión inmediata de las actividades de recolección, recepción, tratamiento y disposición final de los residuos peligrosos del sector de hidrocarburos, así como las actividades relacionadas con la captación de aguas subterráneas utilizadas para fines domésticos del área administrativa y actividades de construcción dentro de la planta, hasta tanto no se cuente con licencias, permisos, autorizaciones y concesiones correspondientes para el desarrollo del proyecto.
De esta forma, Corporinoquia adelantará el respectivo proceso sancionatorio y por tratarse de un delito ambiental se remitirá el informe a la fiscalía ambiental.