El rastreo de las maniobras ilícitas desplegadas por las distintas estructuras criminales del ELN, permitieron a la Fiscalía General de la Nación identificar una ficha indispensable en ese propósito criminal de ocultar los dineros producto del secuestro, la extorsión y la minería ilegal.

Testimonios y evidencia física recopilada en varias investigaciones y operaciones contra el denominado frente Domingo Laín Sáenz pusieron en evidencia a José Vicente Arévalo, alias Bigotes, quien sería el máximo testaferro del ELN en Arauca y el señalado responsable de generar ganancias para los cabecillas de esta estructura en el oriente del país.

En la verificación de los movimientos financieros de alias Bigotes, la Fiscalía constató que era una persona sin una actividad económica precisa ni fuentes de ingreso constantes que justificaran un crecimiento patrimonial como el que presentó entre 2003 y 2016.

Los registros también dan cuenta que, durante este tiempo, adquirió un establecimiento comercial y otros bienes de los que no hay claridad sobre su origen.

Ante el abundante material que reafirmaría los supuestos nexos económicos de José Vicente Arévalo, alias Bigotes, con el ELN, un fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impuso medidas cautelares a nueve inmuebles (una finca y ocho predios ubicados en zona urbana).

Los bienes, avaluados en 5.600 millones de pesos, superarían en área los 31 mil metros cuadrados y fueron ocupados en una acción conjunta de la Fiscalía y el Ejército Nacional en Tame (Arauca). Desde hoy quedarán a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para su administración.

Antecedentes

José Vicente Arévalo, alias Bigotes, registra antecedentes por los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares, lavado de activos y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones.

En varias investigaciones ha sido referenciado como presunto integrante de la comisión de finanzas del frente Domingo Laín Sáenz del ELN, estructura responsable de múltiples crímenes, secuestros, voladura de oleoductos, extorsiones y otras actividades ilegales en los departamentos fronterizos con Venezuela. La Fiscalía hace pública esta información por considerarla de interés general.

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