Una demanda de nulidad en el Consejo de Estado contra el gobernador electo de Arauca, Renson Martínez, y otra por doble militancia en el Tribunal Administrativo de Arauca contra el alcalde electo de la capital araucana, Juan Alfredo Qüenza Ramos, generan incertidumbre política en esta región del país.

En el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, cursa una demanda de nulidad contra el gobernador electo, Renson Martínez. La demanda, presentada por el abogado Edgar Fernando Guzmán Robles, está en proceso de recolección de pruebas de las partes involucradas, siguiendo el protocolo de notificación establecido para tales efectos.

Además, a Martínez se le señala de una supuesta cercanía con el ELN, por medio de Jhonny Alexander Bello Ortega, un megacontratista de Arauca que está señalado por la Fiscalía como un integrante del frente Domingo Laín de dicha guerrilla, el cual opera hace más de 40 años en la región. Para las autoridades, Bello Ortega, conocido como alias 'Gordo Giovany', es sobrino de Luis Felipe Ortega Bernal, alias 'Garganta', uno de los máximos jefes del ELN en Arauca. El contratista fue detenido en enero de 2019 y hoy los exgobernadores José Facundo Castillo y Ricardo Alvarado Bestene están en juicio por haberle entregado millonarios contratos entre 2012 y 2019.

Renson Martínez, gobernador electo del Arauca para el próximo periodo, también se vio salpicado por los escándalos de contratación con Bello Ortega, puesto que, entre diciembre de 2016 y abril de 2018, mientras era alcalde de Arauquita, le entregó 4 contratos de obra pública por un valor de 4.387 millones de pesos al señalado integrante del ELN.

Entre tanto, el Tribunal Administrativo de Arauca admitió esta semana una demanda contra el alcalde electo Juan Alfredo Quenza Ramos, en la que se argumenta por parte del abogado Juan Manuel Garcés Castañeda, una presunta doble militancia y además se solicitaba una medida cautelar que impedía la toma de posesión, medida que fue negada.

Quenza Ramos, se encuentra involucrado en varias investigaciones. El 2 de junio del presente año, antes de hacer su inscripción a la alcaldía y siendo diputado de Arauca, se le abrió una investigación por el presunto delito de extorsión a un servidor público. Al parecer, en medio de una audiencia pública sobre la reforma a la salud, Quenza abordó al registrador especial Iván Humberto Manosalva Romero y le pidió 30 millones de pesos para no publicar vídeos y charlas de WhatsApp, en las que el funcionario hacía campaña de apoyo a un congresista de la región.

El nuevo alcalde de Arauca también fue visto haciendo un uso ilegítimo del vehículo que la Unidad Nacional de Protección le había asignado. En el material probatorio, se le ve recoger bultos de arena, bicicletas, sillas y materiales de construcción. La procuradora regional de Arauca, Carolt Larrarte, consideró que Quenza había incurrido en una falta disciplinaria grave.

También se le abrió una investigación en su contra a causa de una declaración que dio en una reunión política, donde sugirió que el problema de consumo de drogas, particularmente de marihuana, se soluciona “dándole plomo” a los consumidores si no deciden dejar de consumir.