El departamento de Arauca vuelve a ser epicentro de la violencia en Colombia tras el asesinato de Josué Castellanos Pérez, un destacado líder social y comunal, en un brutal ataque perpetrado por un comando armado en la tarde del martes 5 de marzo de 2024. El crimen ocurrió en el sector La Herradura, en las proximidades de un reconocido destino turístico del municipio de Tame, sumiendo a la comunidad en el miedo y la consternación.

Según reportes de testigos, un grupo de hombres armados y encapuchados abordaron al líder durante una reunión, desarmaron a su equipo de seguridad, y tras encañonarlo, se lo llevaron para, poco después, asesinarlo con múltiples disparos. Los escoltas, incapaces de intervenir, se dirigieron a la estación de policía más cercana para reportar el atroz suceso.

Castellanos Pérez, de 42 años, era ampliamente conocido en la región por su dedicación al cultivo de plátano y su contribución a la economía local con su finca El Topacio. Su compromiso con el bienestar de su comunidad le había ganado el respeto y cariño de muchos, lo que hace su pérdida aún más dolorosa. A pesar de contar con la protección de la Unidad Nacional de Protección (UNP), su asesinato plantea serias dudas sobre la eficacia de las medidas de seguridad destinadas a proteger a los líderes sociales en el país.

Este incidente se inscribe en un contexto de violencia exacerbada por los enfrentamientos entre el ELN, las Disidencias de las FARC, y otros actores armados, conflictos que han devastado la región con más de 500 muertes y han generado un grave problema de desplazamiento y confinamiento de la población civil. Tame, particularmente, se ha señalado en informes recientes de la ONU como uno de los municipios más afectados por estos enfrentamientos.

La muerte de Josué Castellanos no solo representa una pérdida irreparable para su familia y para la comunidad que lideraba, sino que también evidencia la grave crisis de seguridad que enfrentan los líderes sociales en Colombia. Su asesinato, que sigue a una alarmante tendencia de violencia contra defensores de derechos humanos y líderes comunales en el país, reclama una respuesta contundente y efectiva de las autoridades colombianas para garantizar la protección de aquellos que se encuentran en la primera línea de la lucha por la justicia social y la paz en regiones asoladas por el conflicto.