Información de larepublica.com

Los gremios de los sectores de minas, energía e infraestructura se reunieron el viernes pasado, “preocupados por los efectos” de las consultas populares y conflictos sociales en el desarrollo de sus proyectos.

Los representantes analizaron el panorama y se están alistando para presentar soluciones que mejoren la relación entre las empresas y las comunidades.

En la mesa se sentaron la Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI), Naturgas, el Sector de Minería a Gran Escala (Smge), la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), la Asociación Colombiana de Petróleo (ACP) y la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen).

“Los sectores tenemos los mismos problemas: nos preocupan las consultas. Estamos trabajando para dar una propuesta, mirar qué le llevamos al Gobierno de tal manera que se aporte a la solución y no se retrasen más los proyectos”, señaló Ángela Montoya, presidenta de Acolgen.

No hay que negar que el Estado ya ha tomado medidas, como reglamentar en 2013 un protocolo para las consultas previas. Pero esto no ha evitado que cada vez más comunidades citen el voto popular.

Casos como el de Piedras, Tolima, que paró en 2013 el proyecto minero La Colosa (Anglogold Ashanti), y Tauramena, Casanare, que frenó la sísmica de Odisea 3D (Ecopetrol) dejaron un precedente negativo que le abrieron las puertas a más consultas.

Por ejemplo, está por definirse en Aguazul, Casanare, si se convoca a la población. Recetor, Nunchía, Paz de Ariporo y Hato Corozal son otros de los municipios en Casanare que estarían por definir si se realiza la votación.


Sin embargo, el ministro de Minas y Energía, Amylkar Acosta, declaró las jornadas en Piedras y Tauramena como “extralimitaciones” y preocupantes, porque los municipios no tienen competencia para decidir sobre estas actividades en sus comunidades.

Así lo reafirma el Decreto 0934 de 2013: la autorización para exploración o explotación de los suelos, así como las convocatorias de la población, solo las pueden establecer las autoridades mineras, ambientales o la Presidencia de la República.

Pero los alcaldes han apoyado las consultas, pasando por encima de esta Ley. Es por ello que la Procuraduría General ya intervino: a finales de febrero les recordó a los mandatarios locales que no estaba en sus manos convocar el voto popular para definir si los proyectos se pueden desarrollar.

“Vamos a reunirnos con los abogados, para ver si hay algún tipo de propuesta legislativa o reglamentaria. Hay que mirar qué podemos hacer y nos volveremos a reunir como en dos semanas”, señaló Alejandro Martínez, presidente de ACP.

La idea es que los gremios entreguen “herramientas” al próximo Gobierno. “Al final podría surgir un proyecto de ley”, agregó Montoya.

Mientras que esto se define, el Gobierno debería tomar medidas inmediatas, para evitar que las consultas que se podrían realizar, no generen “inseguridad”, como señala Martínez.

Ángela Montoya, Presidenta de Acolgen, afirmó que “Este proyecto de ley ofrecería un marco regulatorio para las consultas y participación de la comunidad: cuándo y cómo lo pueden hacer”.