Hoy en audiencia pública que se realiza en Bogotá en la Corte Constitucional se definirá la suerte de las Consultas Populares que se han venido oponiendo a los proyectos petroleros en varios municipios del país.

El alto tribunal definirá si a través de ese mecanismo de participación ciudadana se puede prohibir la minería, dijo el abogado Luis Arturo Ramírez.

Afirmó que la Corte Constitucional se pronunciará con relación a la Acción de Tutela que presentó una empresa petrolera en contra del aval del Tribunal Administrativo del Meta para la consulta popular que se realizó en el municipio de Cumaral en junio del año pasado, donde se impuso el no al proyecto de exploración petrolera en esa jurisdicción.

En Casanare se realizó una consulta popular en Tauramena que rechazó un proyecto de Ecopetrol en la parte alta del municipio hace varios años. Sin embargo, se promueven nueve consultas populares más en los municipios de Yopal, Monterrey, Pore, Villanueva, Tamara, Aguazul, Orocué, Paz de Ariporo y Hato Corozal.

Según el abogado Ramírez, los proyectos de exploración y explotación petrolera no han traído ni desarrollo ni inversión en el departamento, por el contrario, se han contaminado las fuentes hídricas y se ha deteriorado la calidad de vida de los habitantes del departamento.

Actualmente hay acciones jurídicas contra la actividad petrolera en por lo menos 38 municipios de 8 departamentos. Se destacan los casos de Arauca, Casanare y Meta. El otro caso preponderante es el de San Martín, en Cesar, municipio que es el piloto en materia de explotación de no convencionales, léase fracking.

Otras posiciones afirman que atacar a la industria minero-petrolera se ha convertido en una de las actividades más rentables hoy en Colombia. “Criticar la explotación de petróleo, oro o cualquier otro recurso natural no renovable genera aplausos y hasta votos”, señaló el presidente de la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos (Acipet), Julio César Vera, quien argumenta que las consultas tienen un efecto nefasto, pues aunque la jurisprudencia señala que no se afectan derechos adquiridos –esto es, los de empresas que ya hacen explotación de crudos hoy– las firmas consideran un “imposible fáctico” continuar con sus actividades de exploración y explotación en municipios donde los electores le han dicho no a la minería y al petróleo a través de consultas.

Plantean ante la Corte Constitucional que analice un estado de “cosas inconstitucional”, por la vulneración masiva de los derechos económicos, al trabajo, a la sostenibilidad fiscal, al debido proceso y electorales de una buena parte de la población colombiana, por cuenta de la ola de consultas populares contra esta actividad. El argumento es que las consultas populares se están convirtiendo en un mecanismo para decidir qué hacer con el subsuelo, una decisión de Estado que no puede recaer solo en los que piensan algunos habitantes de ciertos municipios en el país.