Por Carlos Lozano Acosta*

Varios medios de comunicación nacionales y regionales han dicho que la justicia puso “tatequieto” a las consultas populares sobre minería e hidrocarburos.

Concluyen así que fueron prohibidas. Nada más impreciso. Las consultas siguen vivas.

En efecto, es verdad que el Consejo de Estado falló una tutela contra el Tribunal Administrativo de Casanare, en la que básicamente sostiene que el ordenamiento minero es competencia exclusiva del Gobierno nacional, por lo cual cualquier consulta popular en esa materia, en el ámbito local, es ilegal.

La Procuraduría, como siempre, intervino en el proceso apoyando estos argumentos.

Pero lo anterior no significa que el debate esté cerrado, por una razón muy sencilla: en procesos de tutela, la última palabra no la tiene el Consejo de Estado, sino la Corte Constitucional. Si bien el primero falló el caso, la segunda puede revocar lo decidido en una instancia conocida como revisión, que sirve para unificar jurisprudencia y garantizar que casos que han sido mal fallados se puedan corregir.

Además, esa misma Corte profirió recientemente una decisión, la sentencia C-123 de 2014, en la que sostiene que las autoridades nacionales deben concertar con las locales las decisiones sobre el ordenamiento minero.

Por ese motivo, lo más probable es que revoque la decisión del Consejo Estado.

Esto se suma a algunos hechos políticos recientes. Unos 40 mil tolimenses llenaron el parque Murillo Toro exigiendo proteger las fuentes de agua de la minería a gran escala. Es lo mismo que piden las propuestas de consulta popular en Ibagué, Espinal y Cajamarca, bajo el impulso del movimiento ambiental y con el respaldo de la Gobernación.

Estas iniciativas avanzan a paso firme y tienen una enorme legitimidad. Si gana el no a la minería, como seguramente ocurrirá, el proyecto La Colosa carecerá de licencia social.

La Corte Constitucional tiene la llave de las consultas populares. Sólo esa instancia puede prohibir que se hagan sobre minería. Los opositores de la participación no pueden cantar victoria. El debate sigue abierto.

*Abogado ambientalista tolimense

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