Por Oscar Medina Gómez*
Pasado ya el bandolerismo causado por los antisociales que se mezclaron en el paro del agua de Yopal de los pasados 18, 19 y 20 de julio, es pertinente dejarle a la opinión pública algunas reflexiones. No sin advertir y exigir que a los terroristas que destruyeron y saquearon decenas de locales comerciales -prácticamente sitiaron a la ciudadanía durante 72 horas- no solo hay que obligarlos a pagar los daños sino meterlos a la cárcel. Allá -en la guandoca- es donde debe ir a parar la escoria. Si eso no pasa, la credibilidad en las instituciones de justicia y en la policía, seguirá cayendo en picada.
Es válida la angustia de la gente. Todos la hemos experimentado. Luego de 3 largos años no ha pasado nada que indique real voluntad política de querer solucionar la crisis de agua potable que nos golpea a más de 150 mil personas. Hoy día el aseo personal y la cocción de alimentos representan un serio riesgo para la salud.
O ¿será que el agua chupada por carrotanques del contaminado Cravo Sur es potable? ¿O la que llega por la red subterránea, sin mayores exigencias ni controles de potabilización? ¡Pamplinas!
Por más razones que den quienes han tenido la responsabilidad de dar salidas efectivas a la crisis, es imposible creerlas. Desde el 29 de mayo de 2011 -cuando se derrumbó parte de la montaña que destruyó la planta de tratamiento- han pasado muchos centenares de días y noches de verdadera tragedia colectiva urbana para los yopaleños.
Continuos cortes del servicio por la red, filas interminables en los puntos de distribución -donde hombres, mujeres y niños se disputan a baldados un puesto- , una red ineficiente de carrotanques que no ha operado con la efectividad esperada, presupuestos familiares asfixiados por la continua compra de agua en bolsas y garrafas plásticas son apenas parte del viacrucis.
Porque la verdadera tortura ha corrido por cuenta de la promesería -descarada y ruin- de las autoridades municipales de Yopal, de la intervenida EAAAY, y del Ministerio de Vivienda. Las partes o no han podido, o no han querido, o no se les ha dado la real gana de ponerse de acuerdo en lo fundamental: darle agua potable a la gente. Un sagrado derecho constitucional. Aquí y en cualquier parte del mundo. Nos han burlado hasta cagarse literalmente de la risa en nuestras caras.
No se necesita ser experto de nada para concluir que en el ojo del huracán del asunto, da vueltas el vil dinero. Es decir la pelea es porque todos se creen con el derecho a decidir sobre los contratos a ejecutar. Bufonean sobre la potestad de manipular a su antojo los recursos públicos. Actúan como fieras carroñeras, donde todas quieren quedarse con la mejor presa del mortesino. En el entretanto, la gente, -todos nosotros- seguimos sometidos por la voracidad de l@s corrupt@s.
Al fragor de las detonaciones y del caos de las noches de terror de julio en Yopal, se reunieron las autoridades para decidir soluciones. Dicen que el gobierno departamental -en cabeza de Marco Tulio, quien siempre se ha mostrado atento a colaborar- pagará el 50 por ciento del costo total de la planta de tratamiento. El otro 50 lo asumirá el gobierno nacional a través del Ministerio de Vivienda.
Se estima que la obra estaría lista en 30 meses y vale entre 70 y 90 mil millones de pesos. Con mi acostumbrada franqueza -a la luz de las mentiras y lo que ha ocurrido estos últimos años- tengo una muy cimentada sospecha y desconfianza en que la cosa no pasará de un mero anuncio.
Imposible pasar por alto el fracaso de la intervención de la EAAAY por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos. Anunciada como que sería la salvación, ha significado todo lo contrario. Lo que vemos es a un ex gerente Constantino Tami hoy empapelado hasta la coronilla por las autoridades judiciales y fiscales, por su falta de diligencia y control en la toma de decisiones que comprometían multimillonarios recursos públicos. Por esa vía transita la actual gerente Adriana Moreno ¿Será que su papel es el de apenas monigotes que cobran un sueldo mensual de casi 20 millones de pesos y el resto del mundo que se joda? ¡La respuesta es Sí!
La fallida planta modular de tratamiento construida en la vereda La Vega del corregimiento de El Morro -como solución transitoria- es la prueba incontrovertible de que la intervención de la EAAAY no ha servido sino para que un@s cuant@s roben a sus anchas. No puedo ni deseo señalar nombres. Son las autoridades quienes tienen que exponerlos ante la opinión pública. ¡Hagan algo carajo. No lo dejen todo a la prensa!
Centenares de millones mal invertidos en fracasados pozos profundos, planta modular en la vereda La Vega todo un monumento a la corrupción, una red de distribución de carrotanques ineficiente y cuestionada por negocios bajo la mesa, una planta definitiva de tratamiento bastante lejos de hacerse realidad… Peor no podemos estar.
Incluido el camarada presidente Juan Manuel Santos Calderón, pasando por Luis Felipe Henao su ministro de vivienda, por la alcaldesa Lilian Fernanda Salcedo, por el alcalde Wilman Celemín, por los gerentes titulares y encargados de la EAAAY Edwin Miranda, Constantino Tami y Adriana Moreno, por los contratistas e interventores, por l@s “honorables” diputad@s y concejales -a excepción de 2 o 3 que han levantado su voz de protesta-, por el personero anterior Diego Aranguren y el actual Juan Manuel Nossa, a tod@s les cabe su cuota de culpa. Ya por torcidos. Ya por negligentes. Ya por guardar silencio. Por lo que sea. Mayor o menor pero les cabe.
Los y las responsables de esta tragedia andan tranquilos. Tomando whisky. Sonrientes, mientras la gente acude a paros que solo sirven para que los terroristas cometan delitos contra los bienes públicos y privados. Y, también, para que varios con ganas de ser alcaldes y diputados posen de tribunos del pueblo.
Algo aliviaría a los apaleados presupuestos de miles de familias, que la EAAAY dejara de cobrar lo que llaman “servicio”. Por lo menos durante un año. No me vengan con que la ley lo impide. Pues se busca o se inventa otra ley que lo permita. Aquí todo se puede. No nos crean tan tarados. Digo yo.
* Periodista.