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Se descarta medida sancionatoria de índole pecuniaria en contra del Gobernador de Casanare por desacato


La notificación de desacato proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare, en contra del gobernador Marco Tulio Ruiz Riaño, ya comenzó a subsanarse, por lo que se descarta cualquier medida sancionatoria de índole pecuniaria en contra del mandatario seccional, por un posible incumplimiento de la acción administrativa que generó la mencionada orden judicial.

Así lo aclaró el jefe de la Oficina de Defensa Judicial de la Gobernación, Juan Carlos Medina, quien agregó que los hechos hacen parte de una reparación directa, interpuesta por el representante legal de la empresa Construvarios en contra del Departamento, con el fin que el ente territorial cancele unos cánones de arrendamiento, por un material que dicha distribuidora viene custodiando desde hace más de 7 años y que son propiedad de la administración departamental.

Medina también salió al paso a las críticas recibidas por una supuesta negligencia cometida por funcionarios de la Gobernación, al no retirar a tiempo estos materiales. En este sentido, recalcó que debido al volumen de la carga, no es fácil montar la logística necesaria para realizar el traslado.

“Son 30 mil bultos de cemento, tejas, alambres, malla electrosoldada, sanitarios, tanques para el almacenamiento de agua. En total estamos hablando de 1770 toneladas, que demandan 55 tractomulas de 35 toneladas cada una, para llevarlos de un lugar a otro”, precisó el funcionario.

Sin embargo, subrayó que una vez se conoció la medida, el pasado 14 de marzo durante la audiencia de pruebas, se procedió a iniciar la labor de movilizar la carga al almacén departamental. Tarea en la cual aún se prosigue y que calculó tardará entre 12 y 15 días más. Incluso se tiene contemplada la posibilidad de arrendar una bodega, en caso que el espacio destinado para sus almacenamientos sea insuficiente.

Este material hacía parte de unos planes de vivienda que iba a adelantar una unión temporal, pero que finalmente no se ejecutaron porque hubo un incumplimiento por el contratista de la época, por lo que el abogado Juan Carlos Medina aclaró que el Departamento no le compró estos materiales a Construvarios, sino que los recibió como parte de pago de una liquidación que se hizo en su momento y que para la fecha de los acontecimientos, su valor fue estimado en 1250 millones de pesos.


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