Por iniciativa de la Senadora Maritza Martínez Aristizábal, se citó a debate de control político a altos funcionarios del gobierno nacional entre los que se encuentran la Ministra de Ambiente, Luz Helena Sarmiento; la directora de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA-, Nubia Orozco Acosta; al Director del Ideam, Omar Franco y el Presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, Javier Betancourth; para que expliquen al país las consecuencias de la sequía registrada en el departamento de Casanare.

El debate de control político citado para el miércoles 22 de abril a las 9 30 am, busca que el Gobierno Nacional responda por la laxitud en la normatividad vigente y la debilidad institucional para la protección y el adecuado uso de los recursos naturales, especialmente, los relacionados con el agua y su creciente demanda por parte de los sectores económicos que jalonan la estructura productiva del país.

En el marco de la alerta ambiental que generó la sequía en Casanare, cobra importancia el proyecto de ley de autoría de la congresista, que exige la licencia ambiental previa para la exploración sísmica, requisito que fue reducido en el pasado por el gobierno nacional y donde las reiteradas manifestaciones de la comunidad en contra de la actividad minero energética en sus territorios, ponen en el ojo del huracán el ejercicio de las empresas petroleras en términos de inclusión social y efectiva protección del medio ambiente.

Los funcionarios convocados deberán explicar en sesión de la Comisión Quinta del Senado, cuáles han sido las medidas concretas por parte de los organismos rectores de la política ambiental colombiana; para mitigar, compensar y restaurar los daños que se han realizado a los recursos naturales y los alcances de normatividad recientemente adoptada, para enfrentar las posibles amenazas en la explotación de los hidrocarburos no convencionales con técnicas como el fracturamiento hidráulico o fracking.

“Este trauma no lo estamos generando nosotros, pero los llaneros estamos pagando los costos de la falta de una adecuada gestión ambiental”, señaló la parlamentaria.