El secretario general del departamento, Fabio Pinilla, hizo varias precisiones respecto al proceso de reestructuración que adelantará la Gobernación de Casanare. Recalcó que este procedimiento obedece a un requerimiento de la Corte Constitucional a través del fallo C1421, que prohíbe continuar con el sistema de contratación bajo la figura de servicios personales, lo que obliga a adelantar unas reformas administrativas al interior de las estructuras de la administración seccional.

Basados en este aspecto legal y luego de algunas conversaciones con el Sindicato de Empleados Públicos de la Gobernación, se entró a realizar el proceso licitatorio, para escoger el consultor que aplicará el estudio técnico previo.

La entidad escogida fue la Fundación Creamos Colombia, cuyo director es Édgar Alfonso González Salas, un conocido consultor de amplia experiencia, que ha llevado a cabo procesos similares en ministerios y entes descentralizados del orden nacional y regional.

El estudio incluye el manejo del análisis funcional y organizacional, el rediseño de carácter organizativo, así como el ajuste de la planta de personal. Igualmente debe establecer los manuales de funciones y de requisitos mínimos, que contengan los elementos básicos necesarios en el departamento, a través de guías metodológicas.

Una vez establecido el nombre de la empresa encargada de la labor, se reunieron con el equipo de gobierno (secretarios y jefes de oficina), para escuchar sus propuestas. En este escenario el titular del despacho de obras, Wilson Arenas Peralta, recomendó que la Secretaría de Obras se convierta en Secretaría de Infraestructura, para permitirle ampliar su campo de acción.

Una primera lectura que se puede dar a la reestructuración es interpretarla como recorte o aumento de personal. Sobre este aspecto Pinilla sostuvo que “ no es ni una cosa ni la otra. Ese dato lo va arrojar el estudio que se va a hacer de las cargas de trabajo, puesto por puesto. Al final la propuesta del consultor nos dirá si suprimimos o ampliamos cargos, pero la decisión la será el resultado del estudio”.

Hizo hincapié en que la idea no es acabar con las órdenes de servicio. “El tema es cómo normalizar algunas situaciones, porque a raíz de las decisiones de los órganos jurisdiccionales, dentro de los contratos llamados de realidad, donde se configuran los elementos de dependencia, horarios y otras cosas, están condenando al Departamento a pagar ciertas sumas de dinero, entonces lo que se va a hacer es tratar de normalizar esa planta de personal”, expresó el secretario general.

Calculó que la consultoría se tomará todo lo que resta del presente mes y confía que en octubre, cuando inicie el siguiente periodo de sesiones ordinarias de la Asamblea Departamental, se puedan presentar a la Corporación algunos estimativos, de los posibles costos que demande la reforma.

También dejó abierta la posibilidad de solicitar facultades a la entidad o presentar los proyectos que recomiende el mencionado estudio. “Es decir es un tema que hasta ahora está en discusión”, puntualizó Fabio Pinilla.