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Escandaloso aumento de casos de abuso sexual contra niños en Casanare

Escandaloso aumento de casos de abuso sexual contra niños en Casanare
Un caso de abuso sexual donde está involucrado un conocido artista de música llanera de Trinidad, destapó la crisis que se vive al norte de Casanare, por cuenta de las violaciones a menores de edad y la inoperancia de los organismos encargados de investigar y juzgar a los depravados.

Son más 40 casos que permanecen en el escritorio de la Fiscal 17 seccional de Orocué, algunos hace más de un año, sin que la doctora Iris Yanir Suarez Domínguez, tramite en su despacho ninguno de los casos que se presentan en Trinidad, San Luís de Palenque y Orocué.

Según se conoció, la fiscal está pidiendo traslado urgente para descargar su responsabilidad en los casos que no ha atendido oportunamente.

El proceso que evidenció la delicada situación de violencia sexual contra los niños, se presentó en Trinidad, donde según la madre de la víctima, el profesor de arpa, mediante engaños se llevó a su hija de 13 años a una finca donde abuso de ella.

La atribulada madre señala que a pesar que la denuncia esta argumentada con un examen de medicina legal, la fiscalía no ha hecho nada para agilizar la investigación, mientras que al parecer el agresor ahora amenaza a la familia para que no divulgue el caso, e incluso les sugiere que deben irse del pueblo.

Como ese caso de vulneración a los menores de edad, hay 25 más en Trinidad y 15 en Orocué, que se han presentado en lo corrido del 2014, según informaron los comisarios de familia de ambos municipios.

Los funcionarios coincidieron en que se sale de sus manos el tema de la individualización de los responsables y la respectiva sanción penal, ya que esa responsabilidad le compete a la fiscalía, que ha demostrado ser paquidérmica en el trámite de los procesos.

A pesar de la gravedad de los casos de acceso carnal violento, es evidente la negligencia de la fiscalía, ya que hay casos que tienen más de un año y aun no hay un fallo para estos delitos, pese a que todos están soportados por medicina legal.

Según informaron padres de familia de los niños víctimas de dichos vejámenes, en 1 año y medio la fiscal de Orocué solo ha expedido 3 fallos y todo lo demás esta represado.

En buena parte de los casos de agresión sexual a niños, están involucrados miembros del entorno familiar de las víctimas.

Cristina López, Comisaria de familia de Orocué, señaló que actualmente la gente denuncia, por lo que se ha aumentado el número de casos, pero reconoció que la falta de diligencia en la fiscalía genera impunidad.

Señaló que sólo existe una sicóloga forense para todo el departamento lo que genera que se represen los procesos.

“Hay muchos factores que causan la situación, como la ruptura familiar, hay varios casos en que las mamás consiguen una nueva pareja y está persona se aprovecha de la situación. En otros casos las niñas permanecen solas, entre otros muchos factores que contribuyen a que se presenten casos de abuso”, señaló.

Llamado de atención a la fiscalía

Los voceros de la Mesa de Derechos Humanos desde las organizaciones sociales llamaron la atención de la Dirección Seccional de Fiscalías, para que se notifique de las alarmantes cifras de los infantes violados en el Norte del Departamento y esclarezcan los Indignantes hechos. Igualmente solicitaron al Gobernador establecer como política Pública el tema de la prevención y lucha contra el abuso sexual contra los niños.

Por la magnitud de los casos igualmente se prepara una queja a la unidad nacional de fiscalías, a la procuraduría y al ICBF para que actúen.

María Consuelo Pérez, de la Mesa de Derechos Humanos señaló que es urgente establecer las rutas de atención en los municipios que carecen de oficina de medicina legal y consideró que es un aparato paquidérmico que no descentraliza la justicia.

Igualmente informó que se prepara la realización de una mesa de trabajo desde las organizaciones sociales, con los entes que imparten justicia en el departamento, para que expliquen las rutas que deben seguir los niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual, maltrato infantil y trabajo infantil en cada uno de los 19 municipios.


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