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Contraloría halló presunto detrimento patrimonial en Ecopetrol en Asociación Santiago de las Atalayas

Contraloría halló presunto detrimento patrimonial en Ecopetrol en Asociación Santiago de las Atalayas
El pozo Cupiagua XW37 no se encontraba en condiciones mecánicas adecuadas y la empresa debió incurrir en gastos por el monto señalado para solucionar una situación que debió atender en su momento el operador que entregó el pozo así (la compañía BP).

Para la recuperación de este pozo (de un cable y herramienta que impedían acceso al mismo), Ecopetrol se vio precisado a realizar contrataciones con compañías como Petrotiger Slick Line, Petrotiger Well Testing, Nalco y Weatherford, entre otras.

También la Contraloría encontró que ha faltado control y seguimiento por parte de Ecopetrol en el caso del campo Palagua, que durante el contrato de asociación era operado por la compañía Texas Petroleum Company.

Ecopetrol ha tenido que asumir el proceso de recuperación de impactos ambientales acumulativos por $7.483,7 millones desde el año 2005 al 2013, sin que se haya responsabilizado a la empresa extranjera de la recuperación de las situaciones que originó durante el contrato de concesión (antiguas piscinas que deben cerrarse y darles tratamiento final, así como tubería sin desmantelar).

Al analizar el Contrato de Producción Incremental del campo Palagua-Caipal, y visitar el mismo, la CGR verificó que Ecopetrol y su Asociada Unión Temporal IJP destinaron partidas por $1.244 millones para adquirir 9.200 metros de tubería de 8 pulgadas con el objeto de utilizarla en un nuevo trazado del oleoducto Palagua-Vasconia.

Sin embargo, este material no se ha utilizado por cuanto no se ha actualizado el Plan de Manejo Ambiental para este proyecto que ha exigido la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales –ANLA y actualmente se encuentra apilado y expuesto no solo al deterioro físico y material sino a factores exógenos que comprometen su integridad.

Para la CGR, tales factores, junto a su inutilidad actual, aceleran su depreciación como activo de la compañía estatal, hecho que podría resultar lesivo a los intereses patrimoniales del Estado.


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