Con información de eltiempo.com

Uno de los integrantes de la comisión de empalme que nombró el alcalde electo de Bogotá, Gustavo Petro, resultó con medida de aseguramiento, en medio de un proceso penal por presunto interés indebido en la celebración de contratos.

Se trata del abogado Vladimir Fernández Andrade, quien el pasado 11 de noviembre fue cobijado con esta decisión (no privativa de la libertad) por parte de la Fiscalía 18 Seccional de Neiva, junto a su esposa, Dora Jimena Molina Gómez.

Concretamente, a él se le encargó un diagnóstico sobre el funcionamiento de la Secretaría General, uno de los despachos más estratégicos en la Alcaldía Mayor.

El caso que tiene enredado judicialmente a Fernández Andrade se remonta al 2002, debido a cuatro polémicos contratos firmados por las Empresas Públicas de Neiva (EPN) con la compañía Organización de Servicios Profesionales (OSP), de la que él fue socio.

La firma OSP se comprometió a suministrar personal e infraestructura para realizar la lectura de los medidores de agua en Neiva, debido a constantes quejas de los usuarios. Todos los cuatro contratos investigados ascienden a 158 millones de pesos.

En su decisión, la Fiscalía ha señalado que Fernández Andrade estaba impedido para contratar porque, en esa época, no sólo era el representante legal de OSP, sino que además se desempeñaba como presidente del Consejo Superior de la Universidad Surcolombiana, y, por tal razón, era funcionario público.

En diálogo con ELTIEMPO.COM, el abogado se defendió y señaló que ya instauró un recurso de reposición contra la decisión de la Fiscalía. Además, dejó entrever que detrás existen represalias políticas en el Huila, debido a la más reciente campaña electoral, que enfrentó al liberal Carlos Mauricio Iriarte, también cobijado con medida de aseguramiento por los mismos hechos, y a Cielo González, del Partido de 'la U', quien resultó triunfadora.

Fernández Andrade explica que cuenta con una sentencia de la Sección Quinta del Consejo de Estado, del 24 de agosto del 2005, que subraya que los miembros de los consejos superiores universitarios no tienen el carácter de empleado público y no habría tenido entonces ningún impedimento legal con esas contrataciones.

Sobre su llegada al equipo de empalme de Petro, explicó que conoció al entonces candidato de Progresistas en reuniones públicas en Bogotá y que el alcalde electo lo llamó en las últimas semanas para que le realizara un diagnóstico sobre la Secretaría General de la Alcaldía.

El abogado asistió a una reunión en el Archivo Distrital, donde se reúnen los equipos en la actualidad, y en las últimas horas manifestó que entregará el informe que se le solicitó, sin recibir ninguna remuneración.

Esta noche, tras la indagación realizada por ELTIEMPO.COM, Petro anunció: "Me acabo de enterar y debe ser retirado".

Minutos antes, el mismo Fernández Andrade había dicho que renunciaba a su cargo, tras entregar el diagnóstico que le solicitó Petro.

"Siento que esto me perjudica profesionalmente y puede sembrar dudas sobre mi trabajo en el empalme. Por esa razón me margino", anunció.

Con él ya son dos los miembros del equipo de empalme de Petro que salen abruptamente. El primero fue el subcontratista Alejandro Botero, testigo en el escándalo de la contratación, quien abandonó sus tareas hace unos días.