Solo un 24% de ejecución registra el contrato cuyo objeto es el mantenimiento y mejoramientos en la vía desde el Corregimiento Bocas del Pauto hasta el Municipio de Trinidad que se vence el próximo 19 de julio, denunció la veeduría ciudadana conformada para vigilar la inversión de los recursos destinados para ese fin.

El contrato 2126 por un valor de 9 mil 700 millones de pesos fue suscrito entre la Gobernación de Casanare y la firma “Unión Temporal Bocas de Trinidad” en cabeza de su representante, Jorge Alberto Cardozo Bautista, el pasado 30 de diciembre de 2015, del cual además se derivó un contrato de interventoría con la empresa “Solano Navas” a través de su representante María Elvira Pinto Jaimes, por un valor de 300 millones de pesos.

La obra que contemplaba el mantenimiento de 18 kilómetros desde Trinidad hasta Bocas del Pauto debía realizarse en época de verano, sin embargo solo hasta que se pronunció la veeduría a través de los medios de comunicación, el 2 de febrero se pagaron los derechos de legalización del contrato, con lo que quedaba demostrado la falta de capacidad y experiencia de la firma para la realización de este tipo de contratos.

Ante los requerimientos formulados por la veeduría ante la Procuraduría Regional, el Contratista hizo la socialización con la comunidad, momento en que los voceros del sector le exigieron el levantamiento topográfico para que revisara los ítems del contrato, pues solo contemplaba la puesta de una capa de 20 centímetros de material, tamaño considerado muy débil para ese tramo que reviste condiciones especiales. Además se firmó el contrato sin verificar la existencia de una cantera, con lo que se evidenciaba las inconsistencias de la minuta, según los voceros ciudadanos.

Solo hasta finales de abril consiguieron la cantera a 6 kilómetros de la obra, pero para esa época ya había entrado la época de invierno por lo que para el 19 de mayo fue solicitada la suspensión de la obra, luego de que el contratista interviniera la vía, pero en vez de mejorarla, generó unos huecos que afectaron gravemente el carreteable para las otras veredas volviéndola intransitable.

Hasta el momento tan solo se han llevado 400 viajes de material y la obra contempla 2.600, por lo que la veeduría requirió a la Gobernación de Casanare para que aplique las pólizas debido al incumplimiento del contrato.

La Veeduría representada por el Abogado Daniel Burgos, advirtió que la Gobernación no ha ejercido la suficiente supervisión y solicitó a la Contraloría General de la Republica que inicie la investigación.

La comunidad se pronunció ante la Administración Departamental señalando que los contratistas no son los idóneos para la ejecución del contrato, que no tienen idea de cómo realizar la obra, que son de la Ciudad de Bucaramanga y por ende existe desconocimiento del comportamiento de las condiciones topográficas y requirieron que no continúen con esa firma contratista debido a las múltiples inconsistencias que generaron un detrimento patrimonial.

El contrato que vence el próximo 19 de julio ya no podrá ejecutarse sino hasta el mes de diciembre cuando entre el verano, sin embargo el Ingeniero Residente ya renunció ante las órdenes contrariadas del Contratista y la maquinaria obsoleta que habían enviado a realizar las obras.

Los contratistas ya recibieron recursos por 4 mil 855 millones de pesos. Según el plan de inversión presentado solo han ejecutado mil 800 millones, pero ya no hay paso vehicular hacia el sector afectando las veredas El Convento, Santa Helena y la Reforma, por lo que ahora deben desplazarse en lancha por el río Pauto.