Varias organizaciones sociales de Casanare denunciaron públicamente seguimientos y hostigamientos contra integrantes de esas agremiaciones.

En un documento titulado “Denuncia Pública”, la corporación social para la asesoría y capacitación comunitaria COSPACC, el congreso de los pueblos y el movimiento nacional de víctimas de crímenes de estado MOVICE, denunciaron hechos ocurridos según ellos luego de realizarse una misión de verificación a Casanare.

Según la denuncia el día 7 de febrero del año en curso, siendo aproximadamente las 10:30 am el líder de victimas Fredy Adolfo Figueroa integrante del capítulo MOVICE Casanare, quien se encontraba en la sede de COSPACC ubicada en la calle 42 No. 11-03 en la ciudad de Yopal, se percató de la presencia de un hombre de aproximadamente 35 años de edad, quien por una de las ventanas se encontraba haciendo registro fotográfico con un celular a la oficina de las organizaciones Sociales de Casanare. De manera inmediata lo abordo y el individuo manifestó estar buscando una dirección; sin embargo, a dos cuadras de la sede abordo un vehículo que lo estaba esperando.

Igualmente señalan que el 18 de febrero del presente año, durante varias horas del día, dos hombres que se movilizaban en motocicletas de placas SGL42D y JKL50C, estuvieron haciendo rondas de observación, registros fotográficos y seguimiento a dirigentes sociales quienes se encontraban en la sede de COSPACC en Yopal, inmueble que sirve de sede de las organizaciones sociales de Casanare.

Añaden que el 23 de febrero, siendo las 5:00 pm, el líder social Carlos Romero perteneciente a la Asociación Nacional Campesina José Galán Zorro –ASONALCA-se encontraba en el andén de la sede de COSPACC en Yopal y de manera sorpresiva se le acercó un individuo quien intentó quitarle el computador portátil que contiene información del movimiento social, ante la reacción defensiva de la víctima, el sujeto le indico “esté tranquilo que no estoy armado y no lo voy a robar, cuídese mucho porque lo van a joder”.

COSPACC afirmó que es preocupante la ocurrencia de estos hechos que se han presentado de manera sistemática, los cuales ha denunciado públicamente y colocado en conocimiento de las autoridades competentes desde el año 2004, entre ellos vale la pena recordar los ocurridos el 23 de enero de 2013 consistentes en el saqueo de información correspondiente a investigaciones de graves violaciones a los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario.

Según COSPACC en coordinación con la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos –FCSPP-, desde hace más de una década ha venido documentando casos sobre ejecuciones extrajudiciales con modalidad de “falsos positivos” en Boyacá y Casanare; trayendo como consecuencia la judicialización de varios militares, entre ellos al General Henry Torres Escalante del Ejército Nacional.

Solicitaron al estado colombiano, garantizar la vida e integridad de todas las personas que hacen parte de COSPACC y los demás procesos que acompaña; a desarrollar las acciones que sean necesarias a través de la estructura institucional que corresponda, a fin de investigar a profundidad sobre los hechos denunciados y brindar garantías para el ejercicio de la promoción y defensa de los Derechos Humanos.

Pidieron la intervención de las organizaciones defensoras de Derechos Humanos nacionales e internacionales, para hacer seguimiento de “esta grave situación que se presenta en el actual contexto de violencia contra el movimiento social especialmente contra sus líderes y defensores de Derechos Humanos; exigiendo al gobierno colombiano, que cumpla con sus obligaciones constitucionales y demuestre la voluntad real de paz, investigando verazmente, individualizando y castigando a los responsables”, afirma el comunicado.

La denuncia es respaldada por la Corporación Social para la Asesoría y Capacitación Comunitaria COSPACC, Asociación Nacional Campesina “José Antonio Galán Zorro” ASONALCA, Asociación de Jóvenes de Casanare AJOCARE, Asociación de Mujeres de Casanare ASMUC, Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado MOVICE CASANARE y la Comisión de Derechos Humanos Congreso de los Pueblos.