La Secretaría General de la Gobernación de Casanare, Johanna Velandia Sierra, informó que, según el índice de transparencia en el 2016, Casanare ascendió del puesto 13 al 7, “medición que evidencia el esfuerzo tanto en la optimización de recursos como en las acciones detalladas de cada proceso, hoy Casanare supera seis lugares dentro de este índice del orden nacional", afirmó.
La funcionaria señaló que la administración “Casanare Con Paso Firme”, viene trabajando en la ejecución de procesos transparentes como un aporte tanto para el ente gubernamental, como para la misma comunidad casanareña, quien confía en la eficiencia de la ejecución de recursos y administración de cada una de las dependencias del orden departamental.
“Pese a la reducción de los ingresos del Departamento, el cual ha afectado los recursos de funcionamiento de la Gobernación de Casanare, se ha logrado poner casi todo al día, en temas de vigencias anteriores, ya que no se tenía un cruce de cuentas real frente a lo que debía el Departamento, bienes que pertenecen a la Gobernación, además del valor de las condenas por demandas que se tienen y que han presentado un avance significativo”, según Velandia.
Según la Gobernación, ante el presupuesto proyectado en el 2016 correspondiente a 36.065 millones con corte a diciembre de dicho año, se ejecutaron 35.300 millones, con lo cual se logró pagar deudas de impuesto predial que superaba los 1.142 millones de predios del Departamento.
Frente a las condenas emitidas por los juzgados y el Consejo de Estado se lograron pagar 1.866 millones entre procesos laborales y administrativos; aun teniendo en cuenta la cancelación de dichos pagos, también se logró un ahorro de 765 millones en gastos de funcionamiento y se generaron 1.068 empleos directos, mediante contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, añade el informe de la Gobernación.
Dentro de la optimización de recursos, se consolidó la propuesta de concentrar el 90% de las dependencias en el nuevo edificio de la Gobernación, con el fin de unificarlas y ahorrar recursos destinados a arriendos y servicios públicos. Los inmuebles que se han desocupado se entregarán en comodato a otras entidades quienes se harán cargo de su sostenimiento y pago de impuestos.