“La reunión que se cumplió ayer en Yopal con la Directora Nacional de la Unidad de Víctimas, Yolanda Pinto, fue un fracaso por el trato despótico con las personas de Casanare víctimas del conflicto armado”.

La afirmación la hizo el coordinador departamental de víctimas, José Barrera, quien dijo que el proceso de reparación administrativa ha sido lento por la desidia del Gobierno Nacional que privilegia a los victimarios con curules en el Congreso de la república y millonarios recursos para el funcionamiento del partido político de la antigua guerrilla de las FARC.

Reveló que en el departamento hay víctimas de la violencia guerrillera que padecen física hambre con sus familias, por la falta de ingresos a consecuencia del desempleo.

Sostuvo que en el departamento se tiene un registro de 70.000 personas con secuelas del conflicto armado.

De otra parte, Gladys León, vocera de las personas afectadas por la violencia en Yopal y Aguazul, también hizo cuestionamientos a la aplicación de la Ley de víctimas en el departamento.

“El Gobierno Nacional lo que pretende es dilatar el cumplimiento de la reparación a quienes sufrieron el flagelo de las acciones de la guerrilla de las FARC”, opinó la dirigente.

Sostuvo que en Yopal la reparación a las víctimas, que sobrepasan las 20.000, no llega ni al 1%, a pesar de la presentación oportuna de los documentos requeridos para los procesos en la Unidad Nacional de Víctimas.