Por Holman Toloza – Canal 6

Hallazgos de gestión antieconómica por sobrecostos, encontró la Contraloría Departamental de Casanare en los contratos No. 325 del 2016 y 164 del 2017 provenientes de la estampilla pro adulto mayor.

La Dirección de Vigilancia Fiscal del órgano de control, pudo establecer que en el primer contrato el sobrecosto alcanzó $112.038.450. Entre tanto, para el segundo contrato fueron 69.509.281.

El informe de la Contraloría indica que, para determinar los presuntos sobrecostos, “se realizó un análisis teniendo en cuenta las marcas de los productos entregados a los beneficiarios de acuerdo con el registro fotográfico del expediente contractual”.

La entidad territorial cuestionó el estudio de mercado realizado en la ciudad de Yopal y no en Monterrey. Además, señaló, que las cotizaciones realizadas por la entidad territorial para establecer el presupuesto oficial, tampoco fueron realizadas en Monterrey. Acudieron a empresas que no comercializan los productos objeto del contrato.

“Se cotizaron todas las actividades con entidades que no suministran directamente los productos y servicios, no están dedicadas exclusivamente a su comercialización y no cuentan con establecimiento comercial abierto al público, ni cuentan con un stock de mercancías, lo cual conlleva a que los precios ofertados tiendan a ser superior a los promedios del mercado”, dice el informe.

Los cuestionamientos

El concejal Jaime Avendaño Barrera, en las sesiones ordinarias del mes de mayo del año 2018, había cuestionado duramente estos contratos, por considerarlos demasiado elevados.

En el debate de control político a la Secretaria de Desarrollo Social Yudy Alfonso, citado por la corporación a petición de la veeduría y del concejal, éste, entregó evidencias de los posibles sobrecostos, con estudios de mercado realizados en tiendas y supermercados del municipio de Monterrey.

La veeduría del adulto mayor liderada por Luz Marina Velásquez, denunció ampliamente los hechos ante los concejales y el 29 de mayo de ese mismo año, radicó queja formal ante la Contraloría en la cual indicaba que “estos contratos los hemos considerado demasiado corruptos por muchos detalles como los precios de los productos verdaderamente exagerados”.

Ahora será la Dirección de Responsabilidad Fiscal la que asuma la investigación final, según el expediente de denuncia, para determinar las sanciones correspondientes y cuáles serían los funcionarios implicados, por la inobservancia de los principios de economía, responsabilidad, moralidad y eficacia, encontrados por la Contraloría.

Los contratos auditados fueron ejecutados por el Consorcio Adulto Mayor Monterrey 2016, con un monto total de $1.532.866.988, y el Consorcio Adulto Mayor la Edad de Oro 2017 por $1.155.405.168.