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Sobre costos por más $100 millones en adquisición de un busetón en Trinidad en 2014

Sobre costos por más $100 millones en adquisición de un busetón en Trinidad en 2014
Sobre costos por 103 millones de pesos determinó la Contraloría Departamental de Casanare al realizar un hallazgo fiscal al contrato 251 de 2014 que tenía por objeto la adquisición de un busetón con capacidad para 24 personas y rampa de discapacidad con destino a la población adulto mayor de Trinidad, cuyo valor total fue de $ 308 millones 560 mil pesos.

Así lo dio a conocer el Ente de control a través su informe de auditoría a esa Administración Municipal donde se compara una adquisición de las mismas características en la población vecina de Pore donde un vehículo similar fue comprado por $184 millones 400 mil pesos.

A la investigación se le suma que el estudio de mercado es deficiente en la medida que las cotizaciones realizadas solicitan un precio de venta global, sin que se evidencie, en momento alguno, que la administración haya analizado los costos de los componentes principales del busetón, tales como: chasís, estructura de la carrocería, complementos (aire acondicionado, silletería, sistema de audio) la rampa electro-neumática, costos de matrícula y SOAT, impuestos de IVA y estampillas municipales que llegaren a aplicar.

Tampoco se tuvo en cuenta como punto de referencia contratos similares que habieran celebrado otras entidades públicas.

Igualmente la falta de planeación en la adquisición del bien se resalta en el informe de la Contraloría donde se señala que el contrato firmado en diciembre de 2014 tenía un tiempo de ejecución de 15 días y según la cronología entregada el contrato tuvo una suspensión por más de 6 meses lo que demuestra una violación al principio de planeación en el proceso contractual.

La investigación señala que el único elemento que representa un valor económico adicional significativo al precio que tendría un vehículo corriente para el transporte de pasajeros, es la instalación de una rampa electro-neumática para el ingreso de personas en sillas de ruedas, cuyo valor no supera los 20 millones de pesos incluida la instalación.


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