Por Sebastián Jiménez Herrera | Elespectador.com
Héctor Germán Buitrago, alias ‘Martín Llanos’, fundó las Autodefensas Campesinas del Casanare (ACC), con las que sembró el terror en los Llanos.
Las autoridades lo señalan como el hombre detrás del baño de sangre que por años enlutó a los Llanos Orientales, pero cuando se le pregunta al respecto, Héctor Germán Buitrago Parada, alias Martín Llanos, se declara inocente y dice que nada tuvo que ver con los homicidios que se le endilgan. El fundador de las Autodefensas Campesinas de Casanare (ACC), la organización ilegal que en su guerra con el bloque Centauros de las Autodefensas cobró miles de muertos, se presenta como un comandante político que manejaba a las comunidades, funcionando como “intermediario entre el aparato militar y la población civil”.
Así lo declaró en la indagatoria que rindió ante una fiscal de la Unidad de Derechos Humanos el pasado 10 de abril. En ella se entrevé que Martín Llanos estaría detrás de una negociación con el Gobierno. “Esa pregunta me niego a contestarla porque la verdad es que nosotros estamos buscando una salida política con el Gobierno y nos guardamos esta reserva para una eventual negociación”, fue su forma de responderle a uno de los cuestionamientos de la fiscal que lo entrevistó.
De hecho, a muchas de las preguntas que le hizo la representante del ente investigador, Martín Llanos respondió “no”. Negó reconocer a un número importante de exintegrantes de las ACC que la fiscal le mencionó, así como su participación en masacres, especialmente en la de la familia Feliciano Chávez, ocurrida el 28 de febrero de 2000. Los Feliciano Chávez eran personas muy cercanas a él; sin embargo, las autoridades aseguran que Martín Llanos los asesinó para quedarse con su finca, El Tigre de 22 mil hectáreas de tamaño y con 20 mil cabezas de ganado, ubicada en Monterrey (Casanare). Por este crimen la justicia investiga actualmente al excomandante paramilitar.
Al respecto, el fundador de las ACC, aseguró: “Me declaro inocente de estos cargos. Mi función era netamente política, no tenía mando sobre la estructura militar ya que el comandante era alias HK. Él fue quien me comentó que había cometido la acción [la masacre] porque el señor Víctor Feliciano estaba vinculado con la muerte del señor comandante Jaime Matiz”. Además, según su versión, Martín Llanos se encontraba en Puerto López (Meta) cuando ocurrieron los hechos.
HK y Jaime Matiz, los criminales a los que Llanos hace referencia fueron dos de sus lugartenientes más cercanos. El primero de ellos fue abatido el 27 de diciembre de 2005, a las afueras de Bogotá, y el segundo lo ayudó en la ejecución de la masacre de San Carlos de Guaroa (Meta), en la que fueron asesinados 10 funcionarios de una comisión judicial. Por este hecho la justicia condenó a Llanos a 40 años de prisión. Jaime Matiz, por su parte, fue abatido el 6 de marzo de 1998, en cercanías de Yopal (Casanare).
Aunque brevemente, el excomandante paramilitar también se refirió a la financiación de las ACC. “La financiaban los ganaderos, los comerciantes y los contratistas. Yo no ponía la cuota; la fijaba el comandante militar y normalmente era del 10%. La cuota de los ganaderos era por cabeza de ganado o por hectáreas de tierra”.
La indagatoria le alcanzó a Martín Llanos para recordar el que sería el origen de su vida paramilitar: el desplazamiento al que su familia se vio obligada por culpa de la guerrilla. “A inicios de 1980, cuando empiezan a incursionar en la zona los grupos subversivos de las Farc y el Eln, fuimos desplazados del Casanare. Esto después del atentado que le hacen las Farc a mi papá en la finca, donde nosotros permanecíamos. No tuvimos más remedio que desplazarnos aquí, a Bogotá, porque nuestras vidas corrían peligro por no haber aceptado las extorsiones de estas organizaciones”.
Concluyó mostrando de nuevo su deseo de negociar con el Gobierno: “estuve vinculado en el proceso de negociación del gobierno del doctor Álvaro Uribe Vélez, se nos dio carácter político, se nos abrió una mesa para discutir los temas del proceso de paz y fuimos la primera organización a la que se nos reabrió la mesa en septiembre de 2002. Por los continuos ataques por parte de las Auc, no se nos permitió culminar el proceso de desarme de la organización”.