La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y el Sindicato de Maestros de Casanare anunciaron su participación este 21 de enero las movilizaciones y cacerolazos en Yopal contra el Gobierno Nacional que no atendió las solicitudes del Comité Nacional de Paro.

El cacerolazo se cumple en Yopal, a partir de las 5:00 p.m. en el Parque General Santander, para mostrar la indignación ante la falta de garantías de los requerimientos formulados en los diálogos anteriores relacionados con la generación de empleo, ley de pensiones, entre otros.

Las protestas ciudadanas que fueron suspendidas al cierre del 2019 por las fiestas de Navidad y año nuevo se reanudan este martes por el Comité Nacional de Paro que mantiene intacta la lista de 104 peticiones sobre 13 temas concretos.

La CUT conmino a todas las organizaciones sociales, sindicales, estudiantes, defensores del medio ambiente y derechos humanos para que se reactiven las protestas sociales para que el gobierno nacional se sintoncie con el clamor popular y resuelva las peticiones de los diferentes sectores de la ciudadanía.

El Comité de Paro Nacional tiene programadas reuniones el próximo 30 y 31 de enero con unos 1.600 delegados de sindicatos de todo el país para definir la agenda de marchas y protestas para este año.

 Peticiones de dificil cumplimiento

El retiro de Colombia de la Ocde (aún no ha ingresado formalmente) y que no se privaticen bienes del Estado, lo cual no ha pasado.

La estatización 100% de Ecopetrol tampoco está sobre la mesa, ya que implicaría un costo fiscal muy elevado, tasado en unos $15 billones. Así mismo, perdería la independencia y autonomía administrativa, financiera y presupuestal que le han permitido crecer y competir con otras petroleras.

De otro lado, se encuentran en el pliego temas como aumentar el presupuesto del sector cultura y eliminar el 4x1.000, que requerirían del trámite de una ley, lo cual es plenamente resorte del Congreso de la República.

Asimismo, la eliminación de la reforma tributaria sería imposible de ejecutar, ya que esta fue aprobada, y por el lado de las reformas laboral y pensional aún no puede decidirse nada, ya que no han sido presentadas.

De igual manera, ya están en ejecución las leyes Naranja, Zidres, TIC y del Plan de Desarrollo, por lo cual, por ejemplo, no se puede desmontar la subida de las tarifas de energía para salvar a Electricaribe, ni el holding financiero, que ya tuvo su primera reunión.

Respecto al tema agropecuario, el comité pide que se discuta con las organizaciones sociales las nuevas condiciones para la revisión de los Tratados de Libre Comercio vigentes.

La realidad sobre este tema es que no habrá modificaciones y la única opción que queda en este tipo de temas es que, internamente, el país diseñe planes para ayudarles a los campesinos a ser más competitivos en los mercados internacionales y para que saquen provecho de las ventajas que ofrecen los acuerdos con los distintos socios comerciales de Colombia.

En otras de las solicitudes, los marchantes contradicen las señaladas en otros puntos del documento. Por ejemplo, se pide una política de formalización de empleo campesino y agropecuario, y al mismo tiempo que el Gobierno Nacional no tramite la reforma laboral que regule el trabajo por jornal o por horas.

Igual sucede con el punto 13 sobre construcción normativa. Allí se refieren a la necesidad de crear el Sistema Nacional Ciudadano y de condiciones pensionales, pero en otro de los puntos se solicita que el Ejecutivo se abstenga de tramitar una reforma pensional.

Pasando al tema ambiental, el aspecto con mayor énfasis tiene que ver con el no uso del fracking para extraer petróleo y gas. No obstante, para el sector petrolero del país, en la práctica aún no se puede hablar de esta técnica, ya que en el país no se desarrolla actualmente, y la suerte para su desarrollo solo quedará sellada en los próximos seis meses.

Esto no solo con la decisión del Consejo de Estado sobre la normatividad demandada, sino con los detalles de la reglamentación para poner en marcha los pilotos del también llamado fracturamiento hidráulico, con la cual se despejaría el camino para el ejercicio de esta técnica, pero solo a mediano y largo plazo.

En los 104 puntos del petitorio de los miembros del comité de paro existen solicitudes que no tienen nada que ver con temas sociales o que generen malestar ciudadanos relacionados con la desigualdad.

Por ejemplo, actualizar el Código de Tránsito, garantizar la contratación de artistas locales en eventos financiados con recursos públicos y eliminar las batidas militares para el reclutamiento de jóvenes para que presten el servicio militar y declarar la emergencia climática y ecológica.

Anticorrupción y Paz

El pliego y las marchas, a pesar de tener una base económica, van más allá de lo anterior y rozan temas sociales, de paz, política y puntos pendientes de pliegos de protestas anteriores.

En cuando a la lucha anticorrupción, el Congreso ya aprobó la mayoría de los puntos, como la obligación de hacer pública las declaraciones de renta de funcionarios estatales de cierto nivel en adelante; la rendición de cuentas; la declaratoria de inhabilidad por conflictos de intereses y la cárcel efectiva a los condenados por corrupción.

Solo está pendiente de conciliación del proyecto que extiende los pliegos tipo a las regiones del país, en contraste con el articulado que buscaba reducir los salarios de los congresistas, que fue archivado. En lo que tiene que ver con la paz, el Gobierno tiene definida la realización del catastro multipropósito, luego de los pilotos realizados. Y sobre los demás puntos, la mayoría se refieren a aspectos generales.

Por ejemplo, frente a la necesidad de que se garantice la implementación de los acuerdos de paz con las Farc, el Ejecutivo sostiene que todas las acciones de su programa están basadas en la defensa de la paz con legalidad. Sobre la adecuación del Presupuesto de 2020 con énfasis en la paz es imposible modificar, ya que el plan de gastos de este año fue aprobado en 2019 antes de las marchas.

Sobre la solicitud de retomar la agenda de negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional (Eln), el presidente Duque ha señalado que esa guerrilla debe cesar las acciones terroristas, abandonar el secuestro y liberar todos los ciudadanos en su poder. Igual sucede con los demás grupos armados, señalados en el quinto punto del pliego.

Acerca de las peticiones sobre la modificación de la doctrina de seguridad y defensa del país, es evidente que el Gobierno no cederá en esta solicitud, pues se trata de un asunto de Estado. En tanto, el Gobierno sostiene que se ha castigado y se seguirá castigando a los policías y militares que violen los derechos humanos.

Derechos Políticos

Algo similar sucede con el bloque de peticiones de ‘Derechos políticos y garantías’, en el cual uno de los pedidos tiene que ver con la realización de un nuevo censo de población. El objetivo sería que “visibilice y reconozca a las comunidades negra, afrocolombiana, raizal y palenquera” para que se tengan en cuenta en decisiones de políticas públicas.

Pese a que el último censo es de 2018, esta inconformidad tiene como raíz una presunta omisión que se denunció, sobre que los encuestadores que no habrían hecho la pregunta obligatoria del autorreconocimiento étnico. Según el Dane, en Colombia 2,9 millones de personas se reconocen como afrodescendientes, 30% menos que las registradas en el censo del 2005.

Al respecto, la autoridad de las estadísticas ha asegurado que la disminución en estos datos se explica porque en los “contextos urbanos las personas no quisieron ejercer su derecho de autorreconocimiento”.

En este aparte de las solicitudes, además piden un marco institucional y financiero para que se garantice la autonomía de los territorios titulados a comunidades étnicas, al tiempo que piden cese de todo tipo de violencia contra la mujer.

Temas Sociales

Finalmente, el Comité del Paro se mantiene firme en las solicitudes sobre la protestas y los derechos sociales. En el primer tema, se incluyen 14 puntos, de los cuales aún se estudian, por ejemplo, el retiro del proyecto de ley que buscaría regular las protestas en el país y la implementación de una resolución, a nivel territorial, que fijaría acciones para garantizar las movilizaciones pacíficas.

Asimismo, en diferentes instancias siguen las investigaciones por la muerte del joven Dylan Cruz –en medio de una manifestación– y se está indagando por algunos casos de detenciones durante las jornadas del paro nacional del año pasado. En contraste, estarían descartadas, entre otras, el desmonte del Esmad, el traslado de investigaciones por ‘falsos positivos’ a otras unidades y la prohibición del uso de armas de letalidad reducida, aunque en este caso la Procuraduría solicitó retirar una de las armas.

Por el lado de los derechos sociales, las peticiones también ascienden a 14, de los cuales se mantienen vivos y en discusión la creación de garantías para trabajadores en situación de precariedad, así como la aplicación de los convenios 190 y 161 de la Organización Internacional del Trabajo, que tratan sobre acoso y abuso laboral, y servicios de salud en el trabajo.

Hay otros, sin embargo, que están fuera de la órbita de discusión, tales como la eliminación de las EPS e IPS del sistema de salud colombiano, los cambios en las tasas de interés para créditos de vivienda y la financiación estatal de la red hospitalaria pública.