A través del convenio ‘Reparación Colectiva a Víctimas para la Reconstrucción Social’, desarrollado por la Unidad para las Víctimas y el Banco Mundial, se beneficiaron, entre otras, las comunidades de la región de la Orinoquia, cuyo tejido social se vio afectado por el conflicto armado.

Mujeres trabajadoras

En el municipio de Recetor, el convenio impactó a la Asociación de Mujeres Trabajadoras (AMUTRARE) y a la junta de Acción Comunal de la vereda Maracagua, con la entrega de víveres y abarrotes, elementos tecnológicos, mobiliarios, electrodomésticos, máquinas de trabajo con sus respectivos insumos y elementos deportivos.

Con este aporte, la Unidad y el Banco Mundial, contribuyeron a la recuperación de la caseta comunal de la vereda, los semilleros comunales y el comité cultural y deportivo. Así mismo, apoyaron la reactivación de Amutrare, un espacio para impulsar las capacidades de las madres cabeza de familia de esa población.

En total, gracias al convenio en mención, Recetor recibió en ayudas cerca de $52 millones, provenientes del Fondo Fiduciario Multidonante para el Posconflicto y la Paz en Colombia, gestionado por el Banco Mundial.

Entre tanto, la comunidad del municipio de Chámeza también recibió aportes por más de $38 millones en proyectos orientados a la reconstrucción del tejido social y a garantizar la no repetición de los hechos victimizantes.

Meta

La comunidad de El Dorado, uno de los municipios del Meta más afectados por el conflicto, fue epicentro de diferentes programas orientados a viabilizar nuevamente las actividades que, antes de la ola de violencia, les permitían cumplir con sus propósitos colectivos.

Entre los aportes se destacó la dotación agrícola y de insumos al cuerpo estudiantil de Pueblo Sánchez, en zona rural del municipio, para fortalecer la granja de la institución y de paso, recuperar la identidad y vocación campesina de los niños, niñas y adolescentes estudiantes.

En su momento, Héctor Gómez, rector de la escuela de Pueblo Sánchez, dijo: “Desde la parte pedagógica vamos a lograr realizar de manera efectiva, la práctica del trabajo de campo, para que estos jóvenes sepan cultivar la tierra y apostarle a la seguridad alimentaria en este territorio”.

Este municipio, que reúne 1.932 personas que son sujetos de atención por el Gobierno, inició la ruta de reparación colectiva desde el 2014, y a lo largo de la ejecución del convenio, entre 2015 y 2019, recibió aportes por más de $3.000 millones, que hoy se ven reflejados en la calidad de vida de sus habitantes.

Para el director territorial de Meta y Llanos Orientales, Carlos Pardo Alezones, los programas de reparación colectiva son fundamentales, porque permiten recuperar a través del diálogo, los niveles de confianza entre la institucionalidad y la sociedad civil.

Luego de su periodo de ejecución, entre el 5 de febrero de 2015 y el 30 de agosto de 2019, el convenio entre ambas entidades, logró beneficiar a 55 comunidades de Colombia, con una inversión de 4,7 millones de dólares.