En Bogotá, el Gobernador Salomón Sanabria hizo parte del lanzamiento de la Alianza para el Desarrollo de las Regiones “Regalías con Transparencia”, que busca vigilar y controlar la inversión de los recursos y evitar la materialización de riesgos de corrupción, suscrita entre el Departamento Nacional de Planeación y la Secretaría de Transparencia, bajo el liderazgo de la Vicepresidente y Canciller, Marta Lucía Ramírez.
El mandatario de Casanare recordó que el departamento es líder en gestión de recursos del Sistema General de Regalías, logrando a la fecha conseguir más de 300 mil millones provenientes del SGR.
El fin de la Alianza, es identificar banderas rojas en los procesos de inversión de los recursos de regalías y prevenir la corrupción, en el marco del primer año de vigencia de la Ley 2056 de 2020, que modificó el régimen del Sistema General de Regalías, dándoles mayor autonomía a los territorios.
“Este pacto no solamente dará garantías, sino mayor efectividad en el uso de los recursos, así como mayor transparencia en todas las decisiones que se tomen por parte del Gobierno Nacional y las entidades territoriales”, afirmó Ramírez.
Y convocó al compromiso de todos los sectores: “Vamos a desarrollar toda esta ejecución de recursos con los mayores estándares de integridad y de transparencia. Que las entidades del orden nacional ejecuten siempre sus funciones que permitan una inversión eficiente de los recursos y, sobre todo, que los ciudadanos pasen de la crítica desinformada a un control informado que les permita a ellos también detectar los elefantes blancos y poner sobre aviso a las autoridades oportunamente”, afirmó la alta funcionaria.
Durante la firma de la Alianza para el Desarrollo de las Regiones “Regalías con Transparencia”, la Vicepresidente y Canciller advirtió que habrá controles más rigurosos. “El Departamento se compromete a fomentar la transparencia, la participación y mayor control social en todos los proyectos financiados con los recursos del Sistema General de Regalías, a través del Portal Auditor de Ciudadanos Fase II, y expedirá la nueva metodología del Índice de Gestión de Proyectos que nos permitirá medir la ejecución, de tal forma, que a partir del 2023, aquellas entidades que no cuenten con un adecuado desempeño en el manejo de dichos recursos, no podrán aprobar o ejecutar nuevos proyectos”.
Actualmente, el Sistema General de Regalías cuenta con un presupuesto de alrededor de $17 billones de pesos para el bienio 2021-2022, de este presupuesto se han viabilizado 1.301 proyectos para el 2021, de los cuales el 20% corresponden a Ciencia, Tecnología e Innovación; el 21,7% a proyectos de transporte y 18,4% a vivienda, ciudad y territorio.
Con la reforma, las entidades territoriales, tienen la facultad de dar viabilidad, priorizar y aprobar los proyectos de inversión. Lo que significa que alrededor del 60% de los recursos del Sistema General de Regalías serán aprobados y ejecutados por los municipios o departamentos beneficiarios. Además, permitió la creación de instancias para que los grupos étnicos puedan gestionar directamente sus proyectos de inversión, los cuales contarán con una asignación de $358.000 millones de pesos.
Tras la firma del pacto, la Secretaría de Transparencia brindará asistencia técnica al DNP, para identificar banderas rojas en los procesos de contratación, que permitan prevenir y evitar la corrupción. Así mismo, se implementará la Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción – RITA, para que se priorice en la agenda la transparencia y la cultura de legalidad y se implemente el compliance público, se entregará mayor información a la ciudadanía sobre la ejecución de los proyectos, los presupuestos, cómo se ejecutan, la lista de contratistas, para que haya una verdadera revisión de la gestión de los recursos públicos.
Así mismo, se fortalecerá el Mapa de Riesgos de Corrupción para adoptar mejores controles que eviten la materialización de riesgos de corrupción, adicionalmente, se incluirán los resultados del Índice de Gestión de Proyectos de Regalías (IGPR) dentro del Índice Nacional Anticorrupción – INAC, para conocer el desempeño institucional y la gestión de las regalías.
Por su parte, la secretaria de Transparencia, Beatriz Elena Londoño, afirmó que el acceso a la información es el primer paso para luchar en contra de la Corrupción.
“Todas las entidades del Estado, incluido el DNP, tenemos información abierta y pública. Sin embargo, debemos garantizar que esos datos lleguen a todos los ciudadanos de forma clara a través de herramientas de fácil acceso para su control y vigilancia. Desde la Secretaría de Transparencia hemos desarrollado una serie de herramientas y políticas a largo plazo en aras de combatir la corrupción, lograr más transparencia, eficiencia y rigor en la inversión de los recursos públicos, como el pacto que estamos firmando con el DNP. Ese es el verdadero compromiso con el país”, anotó.
La directora general del Departamento Nacional de Planeación, Alejandra Botero Barco, afirmó: “Estoy segura de que ejercer la función pública de forma abierta, a la luz de los colombianos, es la mejor manera de llevar progreso a los territorios. Y en esta tarea todos podemos aportar, Gobierno Nacional, organismos de control, territorios y ciudadanos, para evitar riesgos y concluir con éxito las iniciativas que se financian producto de la explotación de los recursos naturales no renovables”.
Para materializar esta iniciativa, la tecnología juega un papel clave, pues a través de la página web del Sistema General de Regalías (www.sgr.gov.co) se podrá acceder a toda la información y avances del Sistema como: recursos y proyectos aprobados, saldos indicativos en el Sistema de Información y consulta de Distribuciones (Sicodis) y todas las herramientas e instrumentos como Auditores Ciudadanos, MapaInversiones y el índice de gestión de proyectos de regalías (IGPR), que permitirán a cualquier ciudadano ejercer de forma transparente y sencilla el control social a los recursos públicos.
La Directora del DNP, explicó que, con la nueva Ley de Regalías, aprobada durante el gobierno Duque, se hizo un gran esfuerzo por mejorar la eficiencia en los procesos del Sistema al pasar de 1.152 Órganos Colegiados de Administración y Decisión (OCAD) a 8, determinación que ha fortalecido la descentralización y la autonomía de los territorios, y, a su vez, ha reducido trámites y tiempos innecesarios para nuevas inversiones.