La Asamblea departamental elevó una voz de protesta contra la Concesión vial del Oriente, ante la respuesta negativa a la citación a una audiencia especial programada para ayer martes 05 de abril. La duma solicitó a los entes de control que hagan lo pertinente, igualmente a los congresistas actuales, para que siendo ellos del orden nacional, citen a la Agencia Nacional de Infraestructura e inviten a Covioriente a un debate de control político.

Instaron, para que en una sola voz la dirigencia política haga respetar a Casanare y se resuelvan las dudas que tiene la comunidad sobre la doble calzada Yopal – Villavicencio, sobre la ejecución de la obra, dudas en diseños, bienes y servicios, adquisición predial, entre otros.

La duma recordó que la obra es de uso público, así la concesionaria ejecute los trabajos con recursos privados, ya que se pagará con los dineros recaudados a través de los peajes que cancelaran los casanareños, “bajo ese entendido, la ciudadanía y esta corporación exige una respuesta a las diferentes problemáticas que se presentan en el tramo vial y que afectan directamente a nuestra población, la economía, el turismo, entre otros sectores”, señaló la Asamblea Departamental en un comunicado.

La corporación cuestionó el argumento de Covioriente, para sacarle el quite a la citación, “destacamos que estos interrogantes obedecen a temas de carácter y/o control político, de planeación de orden nacional, por lo que se considera y dada la naturaleza del proyecto fijada por el Ministerio de Transporte a través de la Agencia Nacional de Infraestructura, no somos llamados para ser convocados a este espacio”.

Explicó que la citación se realizó con fundamento en la ley 2200 del 08 de febrero de 2022, nuevo régimen departamental, artículo 41, el cual establece que “la convocatoria a personas jurídicas de naturaleza privada: Dentro de los términos de la presente ley, con aprobación de la plenaria o de los miembros de cualquier comisión permanente, la Asamblea Departamental podrá solicitar información por escrito a las personas jurídicas que presten servicios públicos o administren recursos de la misma naturaleza, para que en audiencia especial rindan declaraciones orales o escritas sobre asuntos de interés público, los citados podrán abstenerse de asistir sólo con excusa justificada”.

De igual forma, sostuvo que la Asamblea es una Corporación Político-Administrativa que representa al pueblo casanareño, en la que cada diputado tiene un mandato constitucional que fue dado por elección popular para representar al departamento, lo cual los acredita para alzar su voz de protesta para reclamar un buen trato de parte de la Concesionaria, máxime si se tiene en cuenta que entre 25 o 30 años van a administrar la vía y por lo tanto, les asiste el deber moral para atender el llamado que le hace la Asamblea de Casanare y dar repuesta y aclarar dudas a la comunidad.