Información de El Espectador - Camilo Pardo Quintero - Periodista Proyectos especiales

“Acá la gente ya se cansó de ver cómo se han perdido cosechas, cómo se han perdido animales y cómo se han perdido libertades como resultado de la llegada de multinacionales petroleras que se han apropiado del territorio sin hacer procesos de consulta”. Quien habla es Arley Duarte, representante del resguardo U´wa Chaparral Barronegro, en Támara (Casanare), y su reclamo hace parte de una serie de denuncias que este pueblo indígena ha elevado desde hace casi tres décadas y que serán escuchadas este 25 y 26 de abril por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

La audiencia es el inicio de un proceso que podría marcar un hito para la autonomía de las comunidades indígenas en sus territorios ancestrales.

Los U´wa se asientan en Boyacá, Santander, Norte de Santander, Arauca y Casanare. Independientemente de sus formas de vivir en cada resguardo, sobre el trabajo de las multinacionales petroleras tienen una idea clara en común: la extracción de crudo en su territorio ha sido “un desangramiento de la madre tierra” y una práctica que los ha querido exterminar.

Si bien, como explicó este diario en su más reciente edición dominical, el puente entre los U’wa y el Estado lo han liderado desde resguardos en Cubará (Boyacá), desde el departamento de Casanare se ha hecho el activismo medioambiental más visible de este pueblo étnico para no perder el pulso frente a licencias ambientales y de uso del suelo que han hecho por años que las petroleras tomen el control y rumbo del destino de decenas de municipios en el nororiente colombiano.

Los reclamos de las comunidades de Casanare

El líder U’wa Arley Duarte lleva más de 10 años al mando de campañas de resistencia territorial, en las que su comunidad se ha unido con campesinos en Támara para oponerse a los proyectos de la petrolera canadiense Parex Resources, que ha estado presente desde el año 2000 en este municipio, con principal incidencia en la vereda de Teislandia.

“Fuimos criados con las prácticas de la agricultura. En Teislandia eso fue lo que más nos unió con los campesinos de la región, pero desde que Parex llegó a explorar y explotar acá todo cambió. Lo dijimos, casi que lo gritamos y no nos quisieron escuchar. Contaminaron nuestras aguas, trajimos funcionarios de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y ni eso fue suficiente. Confiamos en que el Ministerio de Ambiente venga y vea nuestras condiciones. Por suerte ahora, desde Boyacá hasta el norte de Catatumbo seremos más visibles por la decisión de la Corte IDH de escucharnos”, aseguró Duarte.

Para Henry Salom, otro representante de Chaparral Barronegro, lo más doloroso que les ha tocado hacer es denunciar cómo han sido las relaciones entre los proyectos de desarrollo en su región y las dinámicas del conflicto armado.

Para este indígena U’wa hay una correlación directa y pide medidas de urgencia para frenar eso a la mayor brevedad posible. “Por años, aquí se disputaron nuestros hogares el ELN y las FARC. Fuimos desplazados, extorsionados, desaparecidos y nuestro único cuidado estuvo a cargo de la Guardia Indígena. En el año 2000 comenzaron a llegar las petroleras y esto se militarizó como jamás se había visto. Por momentos era como si el conflicto armado no los afectara a ellos, solo a nosotros que solo queríamos respeto por nuestra vida y nuestro hogar. Hubo atropellos a nuestra dignidad, nos quisieron exterminar y no contentos con eso ahora quieren volver por más. Duele decir que el trato de las petroleras ha sido casi tan cruel como la guerra en el Casanare Para nadie es un secreto que estas empresas negocian con los armados para mantener el negocio”.

Así aterrizó la demanda del pueblo U’wa en la Corte IDH

El Estado colombiano no ha sido garante de la protección efectiva de los derechos colectivos del pueblo U´wa. Este es el dictamen del derecho internacional por la permisividad excesiva que se ha tenido de cara a proyectos petroleros, mineros y turísticos dentro del territorio sagrado de esta población étnica, motivos por los cuales hay un alegato que deja mal parado al país frente a su responsabilidad internacional con esa comunidad indígena.

Esta situación generó tantos agravantes dentro del seno de los U´wa, que su caso llegó al Sistema Interamericano de Derechos Humanos el 21 de octubre de 2020. Para esa fecha, los indígenas acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con el ánimo de reclamar por sus difíciles condiciones de vida, en las que además de la pervivencia de los proyectos de desarrollo que afectaron los recursos de su territorio, han tenido que convivir paralelamente por décadas con los rigores más estrictos del conflicto armado que los ha dejado a merced y con un Estado al que no le importó darles la espalda.

En 2021, la CIDH aseguró que “el Estado (colombiano) no habría realizado estudios de impacto ambiental y social en el marco del otorgamiento de dichos permisos (a las multinacionales mineras y petroleras), licencias y concesiones” ni habría proporcionado condiciones básicas para la efectiva protección de los U´wa en el marco del conflicto armado.

Con el pasar de los meses, a Washington -sede de la CIDH- comenzaron a llegar más y más anexos con material probatorio que respaldaba las afectaciones de los U’wa. Tras procesos de notificación, contestaciones y diálogos varios con organismos estatales colombianos, la CIDH le solicitó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que declare a Colombia como responsable de la violación a los derechos a la propiedad colectiva, al acceso a la información, a los derechos políticos, a las garantías judiciales, a la protección judicial y a los derechos culturales.

Este proceso ha dado frutos nunca antes vistos ante los ojos del derecho internacional a la hora de proteger este tipo de garantías en una población indígena colombiana. Tanto es así que esta semana -en las jornadas del 25 y 26 de abril- los U’wá serán escuchados por la Corte IDH y esta diligencia girará en torno a todos los medios de vida que necesitan para que haya autonomía de su territorio ancestral. Se hablará de todos los puntos de protección que no han sido cumplidos por parte del Estado en favor de su entorno natural y de la salvaguarda ante una guerra que los afectó diferencialmente.

“En buena hora se hará justicia para los U’wa”

Henry Salom ha visto a lo largo de su vida cómo grupos paramilitares, el ELN o las extintas FARC han desfilado por su territorio ejerciendo poder a costa del miedo de la gente. Desde el suroccidente de Casanare, le dijo a Colombia+20 que los alegatos que han llevado ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos son tan solo la petición de puntos mínimos para vivir con dignidad.

“La nación U’wa busca una reparación histórica. Nos han faltado el respeto por años y hemos estado solos. Solo queremos tierrita para trabajar, animales sanos, y un entorno seguro para nosotros y nuestros hijos. Somos el primer pueblo indígena en Colombia que va a llegar ante la Corte IDH y esa lucha se debe honrar para que el mundo vea que aquí, en un país que nos reconoce dentro de su Constitución, en la práctica nos está exterminando de a pocos”, lamentó.

Víctor Latriglia es un líder campesino en el municipio de Paz de Ariporo. A nivel regional lleva décadas estudiando los procesos industriales de las multinacionales petroleras en el norte de Casanare. Entiende la llegada de este pueblo indígena a la Corte IDH como uno de los mayores avances en materia de protección de las poblaciones ancestrales en el país.