La Gobernación de Casanare lideró este jueves 29 de febrero, la Primera Sesión Ordinaria de la Mesa Departamental de Primera Infancia, Infancia, Adolescencia, Juventud y Familia 2024, con el objetivo promover el reconocimiento de sus derechos, asegurar las garantías y las condiciones para su ejercicio y prevenir las amenazas y vulneraciones en pro de garantizar el reconocimiento de los mismos.

Este evento sirve como un espacio de articulación intersectorial, donde diversas entidades, como la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, todas las Secretarías de la Gobernación de Casanare, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF, la Policía de Infancia y Adolescencia, entre otras adscritas, colaboran de manera conjunta en la protección de la población objetivo.

Durante el encuentro, se recordaron los compromisos asumidos en el período anterior, invitando a los nuevos funcionarios a cumplir con los plazos establecidos en la ejecución de los indicadores de cada una de las estrategias que adelanten hacia estas poblaciones.

La secretaria de Integración, Desarrollo Social y Mujer, Neidy Oróstegui, enfatizó la necesidad de convertir las mesas de participación en motores de cambio efectivos, donde los resultados sean tangibles y medibles, evitando así establecer metas inalcanzables. La visión del Gobierno Departamental es dirigir todos los esfuerzos hacia el impacto directo en el bienestar de estos grupos poblacionales priorizados, garantizando un seguimiento de todas las políticas públicas, programas, proyectos y acciones relacionadas con la garantía de sus derechos.

 Durante el espacio, se hizo el reconocimiento y estado actual de las políticas públicas de primera infancia, infancia, adolescencia y juventud conociendo su estructura, sus principales ejes estratégicos que le apuntan a sectores como salud, educación, seguridad, alimentación, transporte, deportes, entre otros, enfocados en la población de 0 a 17 años que habita el departamento de Casanare.

Entre los compromisos adquiridos, destaca la iniciativa planteada por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), consistente en la firma de un pacto que sitúe a los niños como asesores para garantizar la inclusión de sus derechos en el Plan de Desarrollo Departamental 2024-2027, así como la organización de futuras convocatorias y la definición de un cronograma detallado para reuniones bimensuales.