En el marco del Día Nacional de los Derechos Humanos, el Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora Gómez, presentó un mapa nacional que advierte el riesgo de violación de derechos humanos en relación con el conflicto armado interno en el país, en el que se destaca la emisión de 46 informes de riesgo y 17 notas de seguimiento, en el último año (septiembre 2012 – agosto 2013).

Otálora Gómez, manifestó que el riesgo advertido cubre a la población de 109 municipios en 28 departamentos del país. Se destaca la mayor afectación en los departamentos de Antioquia (con 6 informes emitidos), seguido de Chocó, Casanare, Caldas y Bogotá (con 3 informes cada uno), al igual que en todos los departamentos de las costas Caribe y Pacífica.

El trabajo de investigación del Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo identificó un riesgo especial para líderes sociales y comunitarios, defensores de derechos humanos y miembros de organizaciones sociales y de víctimas en procesos de reparación; así como en miembros y dirigentes sindicales, docentes, periodistas y comunidades en especial condición de vulnerabilidad.

De la misma forma, el Defensor del Pueblo señaló como principal factor de amenaza a los grupos armados ilegales post desmovilización de las Autodefensas (autodenominados Águilas Negras, Los Paisas, Los Urabeños, Los Rastrojos, Libertadores del Vichada, entre otros, quienes mantienen disputas y confrontaciones con las guerrillas, y entre ellos).

En el 76% de las situaciones de riesgo advertidas por la Defensoría del Pueblo en el último año, se comprobó un amplio nivel de intimidación y amenaza sobre la población civil ejercida por estas estructuras armadas, así como su amplia distribución en el territorio nacional.

El mapa nacional indica, además, que las Farc sigue siendo el principal grupo guerrillero que amenaza a la población civil, el cual se ha identificado en 43 de las situaciones de riesgo advertidas (que corresponde al 68%). Por su parte, el ELN aparece como grupo fuente de amenaza en 16 situaciones advertidas (que corresponden al 25%).



CASANARE

Grupo armado ilegal fuente del riesgo: FARC, ELN y Águilas Negras.

Población en riesgo: Aproximadamente 1.200 personas

Tipo de población: Población urbana y rural

Casanare: PAZ DE ARIPORO

Conductas vulneratorias a los DDHH y al DIH:

Acciones para generar terror. Desaparición forzada. Desplazamiento forzado. Homicidio. Homicidio múltiple (masacre). Reclutamiento forzado. Violencia sexual. Amenazas de muerte. Extorsión.

Escenario del riesgo

La presencia de las guerrillas de las FARC y el ELN, por medio del Frente 28 y la Columna José David Suarez respectivamente, cuyas acciones afectan a la población civil que ha sido víctima de acciones violentas, como paros armados, reclutamiento de menores, extorsiones y presiones sobre la población civil. De otra parte, Los grupos armados post desmovilización de las AUC, específicamente quienes se autodenominan las “Águilas Negras”, vienen ejecutando acciones en contra de la población civil en áreas rurales y urbanas del Municipio de Paz de Ariporo, siendo la amenaza de muerte y la extorsión las manifestaciones más representativas del accionar de éste grupo armado ilegal. Según el monitoreo realizado por el SAT al parecer esta presunta estructura armada ilegal haría presencia en el territorio como respuesta a la supuesta reactivación de las guerrillas de las FARC y ELN.

MINAS ANTIPERSONALES

Grupo armado ilegal fuente del riesgo: FARC y ELN

Población en riesgo: No precisa

Tipo de población: Habitantes vereda Volcán Blanco

Casanare: AGUAZUL

Conductas vulneratorias a los DDHH y al DIH:

Accidentes por minas antipersonal. Desplazamiento forzado. Destrucción de bienes civiles. Enfrentamientos. Homicidio. Amenazas de muerte. Extorsión.

Escenario del riesgo

La terminación del cese unilateral de ataques a la fuerza pública y atentados contra la infraestructura por parte de las FARC a partir del 20 de enero de 2013, puede generar un aumento de las acciones de violencia de esta guerrilla que afecten la situación de derechos humanos y de orden público en varias regiones del país. De esta forma, se prevé que las FARC desarrollen atentados y acciones terroristas contra objetivos de alto valor estratégico (infraestructura eléctrica, petrolera, vial y de comunicaciones) hostigamientos contra estaciones de policía municipal, declaratorias de paros armados, y restricciones a la movilidad. Con estas acciones pueden afectar la vida, integridad y bienes de la población. A lo cual se sumarán las intimidaciones y las presiones contra líderes sociales, dirigentes comunitarios y dirigentes políticos en un escenario preelectoral, como también las extorsiones y las exacciones económicas contra agricultores, ganaderos, comerciantes y transportadores. En lo que corresponde al ELN, al parecer, existe la posibilidad en lo que respecta al incremento de sus acciones, pues es importante tener en cuenta que se encuentra en un proceso de reactivación realizando actos de impacto sobre la población y contra las fuerzas de seguridad del estado, ataques contra la infraestructura que expondría al riesgo la vida y a la integridad personal de la población.

PARA SABER MÁS

Las bandas criminales son las principales violadoras de los Derechos Humanos en Colombia y su accionar se ha extendido incluso a nuevas zonas del país en donde antes no delinquían. A esas organizaciones ilegales les siguen los grupos guerrilleros.

Según el Defensor del Pueblo, Jorge Armado Otálora, durante el último año se han presentado 46 informes de riesgo y 17 notas de seguimiento que abarcan 109 municipios de 28 departamentos del país. Pero Otálora destacó el caso de Antioquia, departamento que ocupa el primer lugar del ranking con seis informes de violaciones de Derechos Humanos presentados por la Defensoría. Le siguen Chocó, Casanare, Caldas y Bogotá, con tres informes cada uno, y Risaralda y Nariño, con dos informes cada uno, en el último año.

Según Otálora, los grupos armados ilegales denominados bandas criminales (Bacrim) representan el 76 por ciento de todos los informes de riesgo, y en segundo lugar están las Farc como otro de los grupos que genera más amenazas a la población.

"Las bandas criminales no están aumentando, sino incrementando su accionar criminal, porque han generado más presencia en otros sectores que antes no se habían registrado en el mapa político del país", dijo Otálora. "Se han venido enquistando en algunos sectores con amenazas a los defensores de derechos humanos, incluso ya la han extendido contra los educadores en todo el país", añadió.

"Antioquia se destaca porque, como se sabe, es uno de los departamentos donde más han tenido desarrollo las bandas criminales y donde se gestaron estos grupos armados ilegales, que son los que producen el mayor número de amenazas contra la población civil. De ahí que Antioquia tenga el mayor número de informes de riesgo de la Defensoría", dijo Otálora.

Los derechos han estado amenazados por conductas delictivas como el uso de minas antipersonal, acciones para generar terror, amenazas de muerte, ataques indiscriminados, ataques contra la infraestructura, confinamientos, desaparición forzada, destrucción de bienes civiles, enfrentamientos, extorsión, homicidios, masacres, reclutamiento forzado y violencia sexual.

Pero Otálora llamó especialmente la atención en cuanto a la extorsión, el boleteo y el microtráficio, delitos que según dijo, se han venido disparando en el país, "porque los pequeños comerciantes, e incluso ciudadanos, han venido siendo objeto de boleteo y extorsión".

Los informes de la Defensoría no son por cada delito ni relacionan el número de delitos cometidos en una región determinada. Más bien, varias conductas punibles pueden hacer parte de un informe. Así, por ejemplo, si una persona es amenazada, luego extorsionada y después desplazada, las tres conductas están incluidas en un mismo informe.

Cuando se emite un informe de riesgo, la Defensoría lo dirige al Ministro del Interior, que debe convocar al Comité Intersectorial de Alertas Tempranas (CIAT) y a partir de ahí se cita a todas las instituciones que están vinculadas en el informe por recomendaciones de la Defensoría (Gobernador, alcalde, Icbf, Fuerzas Armadas, Policía). A partir de ahí se debe generar una política para enfrentar el problema. La Defensoría, dos meses después, hace una solicitud para que se le informe qué han hecho las instituciones y cómo va el trámite del informe de riesgo.

La extorsión

De esa manera, para Caldas y Casanare, la Defensoría ha emitido tres informes (por cada uno de esos departamentos) que incluyen el delito de extorsión. Los siguen Antioquia, Valle del Cauca, Risaralda, Nariño y Arauca, cada uno con dos informes.

Según la Defensoría, en Antioquia el escenario de riesgo de inminencia por conflicto armado para la comuna 13 de Medellín se caracteriza por el reacomodamiento y recomposición de las estructuras armadas ilegales que, con posterioridad a los procesos de desmovilización de los bloques de las autodefensas que ejercían influencia y control en los barrios periféricos de la ciudad, han reincidido en la actividad ilegal.

Esos grupos han tejido redes mafiosas entre las bandas delincuenciales y 'combos' vinculados con el narcotráfico y el cobro de extorsiones a los sectores del transporte y el comercio, y también relacionados con la urbanización ilegal y los expendios de estupefacientes, y que se disputan el control territorial y social de estas zonas de Medellín ejerciendo la violencia contra la población civil mediante amenazas, homicidios, desapariciones, desplazamientos forzados intraurbanos e intimidaciones al liderazgo social y comunitario.

Con respecto a este delito, en el Valle del Cauca el mapa de la Defensoría establece que la escisión de 'los Rastrojos', y el debilitamiento de sus fuentes de financiación desembocó en el cobro de extorsiones y las amenazas e intimidaciones contra los sectores económicos, bajo el entendido de que debían “colaborar con la causa”.

"Algunos comerciantes y agricultores del municipio de Trujillo, tanto de la zona urbana como rural, han sido víctimas de esas exigencias y presiones, lo que ha provocado desplazamientos forzados en el presente año, debido al riesgo de sufrir retaliaciones", asegura la Defensoría. "De igual manera, se percibe en la población un ambiente de temor ante la ocurrencia de homicidios, por la presencia de auxiliadores y miembros de 'los Rastrojos', y particularmente por la expansión de la actividad de narcomenudeo".

Para la Defensoría, la división interna en 'los Rastrojos' se profundizó con la conformación de una nueva estructura armada ilegal que busca la paulatina eliminación de disidentes y de los que consideran su base social o de quienes señalen como sus auxiliadores o colaboradores.

La disputa que libran estos grupos armados ilegales por los sectores aledaños al municipio de Trujillo tiene como fin controlar el acceso a la zona del cañón de Las Garrapatas en límites con el Chocó, donde 'los Rastrojos' han sido el actor preponderante desde la desmovilización del Bloque Calima de las AUC, y que 'los Urabeños' pretenden asumir en el proceso de expansión y fortalecimiento, por lo que se prevén ataques y hechos violentos contra las personas que consideren colaboradores del grupo contrario, advierte la Defensoría.

Otras conductas

Sobre el reclutamiento forzado, el mapa de la Defensoría muestra que esa conducta aparece en cuatro de los informes sobre Antioquia y en los dos informes que emitió por cada uno de los siguientes departamentos: Valle del Cauca, Magdalena, Sucre, Putumayo, Arauca y La Guajira.

De otro lado, el homicidio aparece en los seis informes que ha emitido el ministerio público para Antioquia, en los tres que produjo (por cada departamento) para Caldas, Bogotá, Casanare y Chocó, y en los dos correspondientes a Risaralda y Nariño (dos por cada departamento).

En lo que se refiere a desaparición forzada, esta conducta se registra en tres informes para Antioquia, y dos para Valle del Cauca, Magdalena, Santander, Sucre, Casanare y Chocó. Al ojear el mapa en relación con la violencia sexual, se encuentra que Antioquia, Casanare, Nariño y Bogotá tienen dos informes cada uno, y después están Valle del Cauca, Guainía y Vaupés, con un informe cada uno.

En las regiones fronterizas como en Cúcuta, el Defensor señaló que "hay mucho boleteo". "Y hemos tenido otro inconveniente grave que se ha denunciado por abuso de la fuerza pública de Venezuela, que se ha introducido al territorio colombiano y ha venido maltratando a los indígenas de la región", aseguró.

Aclaró que los grupos conformados por los que algunos llaman 'posdesmovilizados' no tienen relación directa con la guerrilla. "Sin embargo, en algunos sectores del país se han asociado para temas de microtráfico, como se ha denunciado en la región del Catatumbo".