La Defensoría del Pueblo le envió a la Comisión Intersectorial de Alertas Tempranas del Ministerio del Interior un informe de riesgo en el que advierte el riesgo al que están expuestos los pobladores del área rural y a los comerciantes de la cabecera urbana del municipio de Paz de Ariporo por cuenta de las extorsiones de los grupos armados ilegales que operan en la zona.

Según el Informe de Riesgo 022 de 2013 del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo, cerca de 1.285 habitantes del área rural y urbana del municipio de Paz de Ariporo, registran un grave riesgo de vulneración de sus derechos humanos como consecuencia de la presencia de integrantes de grupos armados ilegales FARC, ELN y presuntas Águilas Negras.

El informe destaca que los comerciantes por el temor a sufrir atentados contra su vida se niegan a denunciar los hechos ante las autoridades y han cedido a las exigencias de los grupos ilegales, quienes además de las extorsiones, recurren a las amenazas de muerte y de atentar contra la vida e integridad personal.

El pasado 25 de abril fue lanzada una granada contra un establecimiento de comercio que no causó daños en las personas y bienes, lo cual indica que la amenaza se mantiene y de ahí la urgencia de que las instituciones competentes adopten las medidas de prevención, protección y atención, con enfoque diferencial, para la población en situación de riesgo.

De otro lado, varias familias de la zona rural del municipio han sido amenazadas de muerte a través de llamadas telefónicas y mensajes de texto de presuntos miembros de las autodenominadas Águilas Negras, en las que les exigen dinero. En algunos mensajes anuncian que la negativa a pagar la extorsión puede generar retaliaciones contra los trabajadores de las fincas.

Ante este difícil panorama, el Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora Gómez, recomienda al Ministerio del Interior decretar la alerta temprana y coordinar la respuesta de las autoridades competentes para que se adopten las medidas pertinentes y disuadir, mitigar o controlar el riesgo que hoy afecta a la población civil de dicho municipio.

Así mismo, recomienda al alcalde de Paz de Ariporo, como responsable del orden público y autoridad de policía, impartir las instrucciones necesarias con el fin de que la Fuerza Pública implemente acciones para proteger a la población civil de eventuales atentados contra la vida, la integridad y libertad personal.

En el informe, la Defensoría le pide al Comité Municipal de Justicia Transicional Municipal promover las acciones correspondientes para proteger a la población civil de actos arbitrarios contra su vida, integridad y bienes patrimoniales, por circunstancias que puedan originar o hayan originado desplazamiento forzado, desarrollando actividades orientadas a proteger los predios rurales de población en riesgo de desplazamiento o población desplazada, para lo cual se deberá solicitar al Incoder la adopción de las medidas correspondientes.

Finalmente, la Defensoría le solicita a la Gobernación del Casanare y a la Alcaldía de Paz de Ariporo que, en coordinación con los diferentes ministerios y el Departamento para la Prosperidad Social, se promuevan acciones de coordinación interinstitucional con el objeto de promover condiciones territoriales que favorezcan la cultura de paz, la democracia y el Estado Social de Derecho y la estabilidad territorial, y fomentar condiciones de vida digna y oportunidades de desarrollo para todos los ciudadanos, consolidando relaciones de confianza entre la institucionalidad pública y la sociedad civil.