Un grupo de jóvenes líderes universitarios y profesionales del derecho, encabezado por Mateo Tarquino, interpuso una demanda por pérdida de investidura contra el diputado departamental Wilder Ávila, por un presunto conflicto de interés durante la elección del secretario general de la Asamblea de Casanare, realizada el 28 de noviembre de 2024.

Según explicó Tarquino la acción legal no busca afectar el buen nombre del diputado, sino cumplir con un deber ciudadano y constitucional de control político y social. “No es un ataque personal, es un ejercicio académico y jurídico. La Constitución nos otorga ese derecho y, más aún, esa responsabilidad como ciudadanos”, afirmó.

Los demandantes argumentan que Ávila vulneró el principio constitucional de imparcialidad al participar en la recusación de la diputada Maricela Duarte y luego votar en el mismo proceso, pese a ser vicepresidente de la Asamblea y presidente de la Comisión de Ética, además de haber sido el autor del reglamento interno de la corporación. Para ellos, esto constituye una posible causal de pérdida de investidura al cumplirse los elementos objetivos y subjetivos exigidos por la jurisprudencia.

“Él sabía lo que hacía. Tiene más de seis años de experiencia en la función pública, fue concejal y funcionario en Maní, y tenía el conocimiento de los procedimientos”, sostuvo Tarquino. Aclaró que, a diferencia del caso de la diputada Maricela Duarte cuyo proceso por una causal similar no prosperó, en esta ocasión sí se reunirían los requisitos para que la demanda avance, al demostrarse un mayor grado de responsabilidad por parte de Ávila.

En relación con las especulaciones sobre un posible beneficio político, al estar Tarquino en la lista de candidatos a la Asamblea en las pasadas elecciones, el líder universitario fue enfático: “Que yo esté de segundo en la lista no deslegitima nuestra acción. Este proceso se habría presentado independientemente del lugar en el que estuviéramos. Es un acto de responsabilidad ciudadana, no de cálculo político”.

Jorge Stén Pérez, otro de los jóvenes del grupo, recordó que como colectivo han impulsado diversas acciones jurídicas, entre ellas la transformación de Unitrópico en universidad pública, la creación de la Comisión de Ordenamiento Territorial en Yopal y acciones ante el Consejo de Estado para el cumplimiento de la Ley 13 de 1929 sobre el ferrocarril para Casanare.

La demanda ya fue admitida por el Tribunal Administrativo de Casanare y el proceso entra en etapa probatoria. 

El diputado Wilder Ávila quien tendrá menos de cinco días hábiles para responder, afirmó que Tarquino lo demandó siendo compañero de lista. “Él emprende una disputa en su afán por querer ser diputado a la mala, entonces me demanda por pérdida de investidura. Yo lo respeto y admiro, pero me parece que no es la manera de obtener una curul”, señaló en dialogo telefónico con este medio de comunicación.