El abogado Carlos Ramón Lizarazo, oriundo de la vereda Las Guamas, en Paz de Ariporo, se ha convertido en un referente en materia de acciones de pérdida de investidura en Casanare, tras obtener fallos que dejaron sin curul a dos diputados del departamento, el más reciente el de Heyder Silva y años atrás el de Lady Patricia Bohórquez. Según explicó, ambos procesos surgieron tras identificar presuntas irregularidades durante el ejercicio de control ciudadano y el seguimiento permanente a la actividad de la Asamblea Departamental.

Sobre el caso de Heyder Silva, Lizarazo señaló que la demanda se sustentó en un conflicto de intereses derivado de la participación del entonces diputado en un debate relacionado con un nombramiento realizado durante su presidencia de la Asamblea en 2024. De acuerdo con el abogado, Silva intervino para defender una decisión administrativa que él mismo había impulsado, pese a que otros diputados le advirtieron que debía declararse impedido y abstenerse de participar.

La decisión judicial tuvo su origen en hechos ocurridos durante 2024, cuando un estudio técnico de la Asamblea Departamental recomendó la creación de un cargo con una asignación salarial cercana a los 3 millones de pesos. Sin embargo, durante su presidencia, el entonces diputado Heyder Silva realizó el nombramiento con un salario aproximado de 5 millones de pesos, generando un desbalance en las finanzas de la corporación. 

Esta situación obligó a tramitar un nuevo debate para ajustar la planta de personal, escenario en el que Silva participó activamente defendiendo la decisión que él mismo había adoptado. Aunque se abstuvo de votar el proyecto, el Consejo de Estado consideró que su intervención configuró un conflicto de intereses, ya que debía declararse impedido y apartarse de la discusión, pese a que otros diputados le advirtieron sobre esa obligación.

El Consejo de Estado concluyó que, aunque el diputado no votó el proyecto, su sola intervención en el debate fue suficiente para configurar el conflicto de intereses. La alta corporación revocó la decisión inicial del Tribunal Administrativo de Casanare y decretó la pérdida de investidura, al considerar que Silva actuó con el propósito de proteger una actuación propia y su imagen pública, precisando además que el interés no necesariamente debe ser económico, sino que también puede ser de carácter moral.