El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Yopal en segunda instancia ordenó a Héctor Julio Ramos Prieto, secretario de Gobierno de Casanare, realizar un pronunciamiento público dentro de las 48 horas siguientes, rectificando las afirmaciones emitidas por el funcionario frente al accionante Luis Guillermo Pérez.

La acción de tutela tuvo su origen en el reclamo del ciudadano Luis Guillermo Pérez, quien el 30 de julio de 2026 interpuso una acción popular ante el Tribunal Administrativo de Casanare para proteger el patrimonio público en relación con el contrato del sistema de videovigilancia de Yopal. 

En la demanda, el ciudadano solicitaba cautelarmente la suspensión provisional de giros o pagos no efectuados mientras se aportaban dictámenes periciales e inspecciones contables, aclarando expresamente que no pretendía frenar la entrega, puesta en marcha ni operación técnica del sistema de seguridad.

A propósito, el 5 de agosto de 2026, el secretario de Gobierno, Héctor Julio Ramos Prieto, declaró públicamente ante medios de comunicación locales que la demanda pretendía "parar todo", frenar la puesta en marcha del proyecto y respondía a intereses políticos, insinuando además que el accionante buscaba favorecer a terceros.

Pese a que el funcionario hizo una retractación parcial el 6 de agosto reconociendo el ejercicio de veeduría, no corrigió los señalamientos sobre el alcance del recurso, ni la insinuación de favorecimiento, e identificó erróneamente al accionante con otro nombre, lo que motivó la demanda tutelar por vulneración a sus derechos al buen nombre y a la rectificación.

El funcionario deberá retractarse de haber sostenido que la demanda buscaba "suspender la entrega y operación del sistema", así como de la insinuación de que "el accionante debe estar haciendo algún favor en este tema", garantizando el restablecimiento de la veracidad e imparcialidad de la información, indica la decisión judicial.