Nuevamente se encuentra haciendo tramite en la Asamblea Departamental el proyecto de Ordenanza, con el cual se solicita a esta corporación facultades para que la gobernadora encargada de Casanare, Julieta Gómez de Cortés, pueda adelantar procesos contractuales a nombre de la administración departamental.

Como se recuerda la Ordenanza 004-del 5 de abril de 2013, le concedió dicha autorización, pero fue objetada por la mandataria encargada, quien luego de un análisis realizado con el jefe de la Oficina Jurídica de la Gobernación, Rafael Darío Puentes, la declaró inconveniente.

Para el jefe de la Oficina Jurídica fueron tres las causas que impidieron que la Gobernadora encargada sancionara el documento, las cuales en su concepto se resumen en unos cambios sustanciales que le hizo la Asamblea al proyecto original presentado por la Gobernación.

El primero, se relaciona con una autorización a título personal que le confirieron a Gómez de Cortés. Aval que para el Doctor Puentes debió hacerse a nombre del gobernador, independientemente de quien esté ejerciendo, porque en caso que se presente algún cambio en el cargo no habría necesidad de iniciar un nuevo proceso para concederle facultades al mandatario que llegue.

El segundo aspecto en el cual no estuvo de acuerdo el ente seccional, fue la circunscripción de las facultades de contratación a 34 puntos específicos. Aquí el argumento que esgrime el Gobierno departamental apunta a señalar que es el titular del ejecutivo quien decide las modalidades de selección, los tipos de contrato y los objetos específicos de cada uno de los procesos contractuales, así como la ejecución de los recursos.

La tercera objeción se deriva de la primera, porque teniendo en cuenta que la autorización se concedió a título personal, genera una limitante temporal que obligaría a iniciar todo el procedimiento de nuevo en caso que se presente un relevo en la Gobernación, lo que a su vez imposibilita la materialización de los objetos contractuales, si se tiene en cuenta que cada proceso puede tardar entre uno y tres meses.

Lo anterior prolonga el periodo de incertidumbre en el Departamento, porque a la fecha no se ha podido adelantar ningún proceso de contratación por la falta de facultades a la señora Gobernadora. Lo que ha traído como consecuencia un traumatismo general en el normal funcionamiento de todas las secretarias y dependencias del departamento, especialmente en temas de salud y educación.