Debido al riesgo que se tiene de traer fiebre aftosa a los ganados casanareños por el incremento de contrabando de Venezuela, el Instituto Agropecuario (ICA), dio a conocer las nuevas disposiciones legales para la protección animal en zonas fronterizas.
La charla la dictó Ricardo Tabares, director regional de la entidad, en las instalaciones del Instituto. En su intervención dio a conocer los requisitos exigidos por la norma colombiana frente a la movilización de ganados, cuya guía retorna bajo el control del ICA.
Igualmente de ahora en adelante el Servicio Nacional de Identificación e Información del Ganado Bovino (Sinigan), lo que permitirá que el ganadero quede eximido del pago de los registros de hierro, predio, de la empresa transportadora, vehículo y conductor, tampoco pagará papeletas, solamente se cobrará la guía sanitaria de movilización interna.
Esta guía obliga a los ganaderos a que acudan a las oficinas locales del ICA donde haya convenio con las alcaldías, registren el predio para lo cual deben llevar fotocopia de la cédula del propietario del predio, certificado de tradición y libertad donde diga que es el poseedor del terreno, el inventario ganadero que se confronta con el registro de la última vacunación.
También dijo, que a partir del 31 de mayo los municipios del sur del departamento serán declarados libres de peste porcina. En este punto, Tabares hizo referencia a la Resolución 315 de 2009 donde se regula la movilización de estos animales que también presenta problemas de importación ilegal desde Venezuela.
Para que esta normativa la conozcan todos los ganaderos y campesinos, se hará una socialización de la misma con los diferentes funcionarios de las alcaldías, la idea es proteger los intereses de este renglón de la producción, que tiene en el contrabando, un flagelo que se sustenta en los bajos precios que hay en el mercado de los ejemplares en territorio venezolano.
Esta situación genera muy buenas utilidades a los contrabandistas. Se citó el ejemplo de un ternero de destete, que en Venezuela se compra por valor de 100 mil pesos colombianos, se entra ilegalmente y una vez se remarca su precio asciende a los 500 mil pesos.