Ayer fue aprobado por parte del Consejo Seccional de Estupefacientes, el plan departamental de drogas. El propósito de esta estrategia es combatir el expendido y prevenir el consumo de alucinógenos en Casanare.
El Consejo, que es liderado por el gobernador Marco Tulio Ruíz, lo conforman las secretarías departamentales de salud, gobierno, educación, Policía, Ejército, Fuerza Aérea, Procuraduría regional e Icbf.
En la reunión de ayer que se llevó a cabo en la sala de juntas de la administración seccional, contó con el acompañamiento de Gabriel Esteban Gutiérrez del Ministerio de Justicia y José Joaquín Iragorri, de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, (Unodc).
Al término de la actividad, Gutiérrez felicitó a Casanare por la creación de este plan. Sobre el documento dijo que es la primera vez que se logra aprobar por la totalidad del Consejo, que hizo presencia plena en todas las etapas que tuvo este proceso y agregó que lo pondrá como ejemplo, para todos los departamentos del país.
La iniciativa consta de 2 componentes. El primero se enfoca en la oferta de estupefacientes y para combatir este flagelo, se determinaron acciones para identificar los sitios donde se expenden drogas ilegales, igualmente labores de inteligencia que permitan ubicar a los expendedores.
El segundo concentra los esfuerzos en la prevención, la cual se hará mediante controles en los colegios y sus alrededores. También incluye capacitaciones orientadas a la población estudiantil, no sólo para evitar el consumo, sino a la forma de actuar en caso de que se presente un hecho de estas características, en su entorno académico o familiar.
La secretaria de gobierno del departamento, Marlene Gutiérrez Oropeza manifestó que todas estas acciones se adelantarán en la totalidad del territorio casanareño, tanto en las zonas urbanas, como en el área rural.
Agregó que por el momento no se conoce el rubro que se destinará a este proyecto. Dicho tema será abordado en la próxima cita, programada para el 05 de noviembre. Para ese día el delegado de Minjusticia se comprometió a traer una propuesta de financiación, mediante convenio entre dicho ministerio y la ONU.