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Aunque las autoridades y el gremio del sector –la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP)– señalan que estas iniciativas son inconstitucionales porque las entidades territoriales no pueden decidir sobre los recursos del subsuelo, que son de la Nación, la votación en contra del proyecto de Ecopetrol fue suficiente para motivar una rEl temor radica en que el suceso de Tauramena se pueda generalizareunión de urgencia entre el Gobierno y las petroleras.

El ministro de Minas y Energía, Amylkar Acosta, señaló que el jueves 19 de diciembre se hizo una reunión con representantes del gremio y de cerca de 25 petroleras en la que quedó manifiesta la preocupación por la seguridad jurídica del país.

El temor radica en que el suceso de Tauramena se pueda generalizar y, luego de asumir compromisos de millonarias inversiones en exploración y producción con la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), no puedan ejecutarlos porque las comunidades se opongan a la realización de los proyectos. “Desde la perspectiva de la industria preocupa que esto vaya a proliferar, porque sería una restricción muy fuerte a las actividades de las compañías petroleras”, aseguró el presidente de la ACP, Alejandro Martínez.

Si bien en el encuentro el ministro Acosta fue enfático en el compromiso del Estado de mantener en la ANH la potestad sobre los recursos de petróleo y de gas, la industria advierte que pueden estar en camino nuevas iniciativas en este sentido, pese a que se ha llegado a un acuerdo con algunas comunidades y mandatarios locales.

El presidente de la ACP sostiene que estas se están focalizando en Casanare, y que la motivación principal ha sido la reducción que comenzaron a experimentar las regiones productoras tras el cambio en el régimen de distribución de regalías, que les asignó recursos a otras entidades territoriales.

“Esto ha generado una sensación de despojo, con lo cual la reacción ha sido oponerse a la industria petrolera, y estas decisiones, los bloqueos que están ocurriendo y los proyectos de ley para aumentar los impuestos y gravámenes están asociados a esta percepción negativa que hay en las entidades territoriales de las zonas en las que se produce el petróleo, frente a la reducción de las rentas”, asegura el dirigente gremial.

El ministro Acosta sostuvo que una vez retornen los tribunales del período de vacaciones, se impugnarán las consultas que hayan paralizado proyectos de petróleo o minería.

Ómar G. Ahumada Rojas - Redactor de Economía y Negocios