Un balance de las afectaciones a los usuarios en los servicios de energía y acueducto en el país, por atentados a la infraestructura en algunas regiones, realizó la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios en el marco de sus labores inherentes de inspección, vigilancia y control de los servicios públicos en Colombia.

Los resultados de la evaluación le permiten a la entidad solicitar a las empresas prestadoras planes de contingencia que ayuden a normalizar el suministro a la comunidad, en el menor tiempo posible.

Tumaco ha sido una de las ciudades más perjudicadas por dichos actos terroristas, desde el pasado 3 de junio cuando se presentó la destrucción de la torre 310 de energía en la vereda Inda Sabaleta, en zona rural de este municipio del Pacífico colombiano. Esto obligó a la utilización de una planta eléctrica de emergencia, con la que se logró restablecer el servicio, además de obras de normalización del voltaje de la bocatoma y la planta de tratamiento para las actividades de potabilización del agua.

La afectación también se presenta en el Poliducto Trasandino en el departamento de Nariño. El pasado 22 de junio se suspendió el bombeo teniendo en cuenta el derrame de crudo en la vereda El Pinde y el río Mira, la principales fuente de abastecimiento del municipio. En este sitio se estudian alternativas de suministro, teniendo en cuenta que no se cuenta con fuentes alternas del líquido.

Por su parte, en Tibú, Norte de Santander, un atentado dejó sin servicio de agua a miles de habitantes. La Superservicios constató que el prestador se encuentra adelantando un plan de contingencia para dar solución a la problemática, que incluye el suministro de agua potable a través de carrotanques como se realiza en la actualidad.

La situación también es crítica en Algeciras, Huila, donde otro ataque de grupos ilegales comprometió el laboratorio, la caseta de químicos y la planta de energía del sistema de acueducto, situación que ocasionó el corte del suministro a la población. Las Empresas Públicas de Algeciras S.A. E.S.P. informaron a la Superintendencia que algunos daños en las redes fueron repuestos de forma inmediata y que gracias a agua tratada que se encontraba almacenada en los tanques que opera el prestador, se pudo garantizar el suministro al 100% del líquido a través de tubería. En la actualidad, los operarios de la empresa trabajan a la intemperie mientras se realiza la reconstrucción de los sitios antes mencionados que se vieron afectados, y esperan la consecución de una planta eléctrica para volver a operar con normalidad.

La superintendencia tiene conocimiento de que son más de 40 mil los colombianos perjudicados por estos actos ilegales, siendo Tumaco la región con la situación más crítica, ya que alrededor de 16 mil personas dejaron de recibir el preciado líquido. En Arauca se vive una situación similar, pues un total de 14 mil 220 usuarios se quedaron sin el servicio de agua. Otros municipios con graves secuelas de los atentados por la cantidad de suscriptores afectados son Tibú (Norte de Santander) con 3.904, Granada (Meta) con 2.329 suscriptores del Acueducto Regional Ariari sin recibir el servicio, Puerto Carreño (Vichada) con 2.711 y Algeciras (Huila), donde 2.658 personas han tenido que padecer por la falta de agua potable a causa de las emergencias.

Igualmente, la Superservicios le hace seguimiento a la situación en los municipios de Buenaventura (Valle del Cauca), Tumaco (Nariño), Ábrego y El Carmen (Norte de Santander), Florencia (Caquetá), Medina (Cundinamarca), Chaparral (Tolima), Mercaderes (Cauca), Campamento (Antioquia) y Puerto Concordia (Meta), donde miles de personas se han visto perjudicadas por la falta de energía.

La entidad ha establecido contacto personal y de manera telefónica con cada uno de los prestadores para conocer la dimensión de las emergencias, el número de usuarios afectados y las medidas de contingencia adoptadas por los mandatarios locales para garantizar el servicio a la población. Los daños a la población civil son tan graves, que solo en Buenaventura más de 400 mil personas quedaron sin energía eléctrica y en Tumaco, alrededor de 250 mil quedaron a oscuras por cuenta de estos atentados.

Algunos de estos ataques contra las torres de energía en las regiones antes mencionadas no necesariamente pusieron en riesgo el fluido eléctrico en los sitios en los que se presentaron las emergencias, pero sí en la infraestructura energética del país, pues las averías a las redes generaron costos millonarios que tardarán años en reponerse en su totalidad.

La Superintendencia reitera el llamado a los prestadores de los servicios públicos en el país para que actualicen y reporten en el Sistema Único de Información (SUI) de la entidad sus planes de emergencia y contingencia, de manera que se puedan prever las posibles soluciones a este tipo de afectaciones y lograr que la comunidad, en el menor tiempo posible, tenga garantizada la calidad y continuidad de sus servicios públicos domiciliarios.