El Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, y el Director General del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Juan Antonio Nieto Escalante, expidieron una circular conjunta que insta a los mandatarios a aplicar un decálogo de medidas, que buscan mejorar la gestión municipal y departamental, y salvaguardar los intereses colectivos y la búsqueda del desarrollo sostenible colombiano.

Con estas medidas se debe, entre otros resultados, mejorar la capacidad de adaptación al cambio climático de los municipios colombianos pues, según estudio de la Procuraduría General realizado en 2015, se evidenció un panorama poco alentador. El 82% (767 municipios) reconoció que cuenta con población viviendo en un peligro latente en zonas de alto riesgo y 795 (el 85%) no cuentan con estudios sobre cambio climático.

En materia ambiental el panorama es aún más turbio. El 61% de los municipios colombianos albergan alguna actividad minera en su perímetro, de los cuales el 25% se hace en forma ilegal.

Por otra parte, estudios del IGAC y el Ministerio de Vivienda indican que la mayoría de los planes de ordenamiento vigentes son retóricos y declamatorios, tienen errores y omisiones de carácter técnico, temático, operativo, político y presupuestal, y que poco sirven como guías efectivas del ordenamiento territorial, particularmente en el sector rural.

Ante este panorama, el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, y el Director General del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Juan Antonio Nieto Escalante, suscribieron la Circular 007 mediante la cual instan a los nuevos gobernadores y alcaldes a que presten particular atención a la revisión de los POT dado que, en un gran número de municipios, se encuentran vencidos y otros se modificaron recientemente pero existen dudas respecto a la calidad de los instrumentos adoptados. Además, en desarrollo de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, los gobernadores están en la obligación, por primera vez, de elaborar y presentar a las asambleas, los planes de ordenamiento a escala departamental.

En la Circular mencionada se establece un decálogo de medidas que deben incorporarse en los nuevos planes de ordenamiento territorial, mediante las cuales se busca mejorar la gestión municipal y departamental, y salvaguardar los intereses colectivos y la búsqueda del desarrollo sostenible colombiano.

El Decálogo

1. Definir con precisión los usos del suelo: este proceso debe realizarse a partir de la información suministrada por el IGAC o basada en estudios que acaten las especificaciones técnicas de la autoridad agrológica en el país.

2. Determinar los suelos de expansión urbana: para tal fin, la información catastral podrá aportar conocimientos de mucha utilidad, ya que estos suelos de expansión deben estar debidamente soportados en estudios claros y precisos sobre el perímetro de servicios, el cumplimiento de la normatividad sobre las clases agrológicas del suelo, el agotamiento real y efectivo del suelo urbano y la existencia de niveles de densificación inconvenientes.

3. Contemplar medidas prácticas para la aplicación de instrumentos financieros, como la plusvalía y valorización, y presentar análisis y proyecciones financieras, a escala de perfil de proyecto, de las obras y acciones contempladas en el POT.

4. Utilizar la cartografía básica oficial del IGAC: aprovechar los servicios de apoyo y acompañamiento que ofrece el Instituto a las alcaldías y gobernaciones. El uso de la cartografía puede ser suministrada por otras fuentes, pero bajo los requisitos técnicos establecidos por la autoridad geográfica y cartográfica colombiana.

5. Contemplar acciones específicas de gestión del riesgo: deben ser de corto y mediano plazo, teniendo como referencia la normatividad del Ministerio de Vivienda.

6. Garantizar la visión regional: los municipios vecinos pertenecientes a una misma región geográfica deben formular sus POT de manera coordinada, y así aprovechar las sinergias y economías de escala. Este sería el comienzo de los procesos asociativos, como lo contempla la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial.

7. Montar un sistema de evaluación y seguimiento eficaz, el cual debe ser contemplado en los POT de forma específica.

8. Formular visiones, políticas y estrategias, las cuales deben contar con un soporte técnico claro y metas y objetivos específicos, de acuerdo con un modelo de ocupación territorial a largo plazo.

9. Garantizar la participación ciudadana en los la formulación y ejecución de los Planes de Ordenamiento Territorial y Departamental, en la reunión periódica y en la acción efectiva de las comisiones de ordenamiento territorial en la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial.

10. Tomar en consideración en los sucesivos Planes de Desarrollo las previsiones de los Planes de Ordenamiento Territorial y Departamental, sin perjuicio de introducir cambios en estos.

“La Procuraduría y el IGAC esperan que estas consideraciones y recomendaciones sean tomadas en consideración por los mandatarios territoriales, aprovechando la importante coyuntura que significa poder actualizar los POT municipales que tienen vencida su vigencia a largo plazo”, cita la circular de ambas entidades.

Fallas del ordenamiento territorial en Colombia

Según Nieto Escalante, uno de los mayores inconvenientes en el ordenamiento territorial colombiano consiste en que los Planes de Desarrollo (PDD) y los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) no se compatibilizan, ni están debidamente sincronizados y, en algunos casos, pueden ir por caminos opuestos.

“El derecho de las cosas sería que las acciones y proyectos que se establezcan en los Planes de Desarrollo guarden armonía y coherencia y plasmen los previstos en los POT, es decir, que los mandatarios no deberían adelantar acciones que no estén contempladas en estos instrumentos. Recordemos que los programas incluidos en los PDD se limitan solo a un periodo gubernamental, mientras que los POT garantizan un horizonte de largo plazo, de mínimo tres periodos administrativos. Los actuales alcaldes y gobernadores tienen la gran oportunidad de perfilar el futuro regional y municipal para un horizonte de 12 años y más”.

El Director del IGAC informó que los análisis realizados por el Instituto y el Ministerio de Vivienda en el proceso de formulación y ejecución de los POT entre 2000 y 2010 – uno de los insumos en que se basaron la Procuraduría y el Instituto para poder darle un vuelco total al ordenamiento – evidenció varios errores y omisiones de carácter técnico, operativo, político y financiero, que impidieron la efectividad de las acciones de ordenamiento territorial.

“Los mayores errores están ligados al recurso suelo, como la indefinición o falta de precisión en la clasificación de los suelos urbanos, rurales y de protección; la definición de expansiones urbanas sin tener en cuenta el perímetro de servicios públicos y las restricciones por la vocación de las tierras; la falta de reglamentación de zonas urbanas, viviendas campestres y poblados; y la deficiente inclusión de la gestión del riesgo de desastres”.

En el orden técnico, las principales fallas detectadas se refieren a imprecisiones y omisiones en el uso de las escalas cartográficas; previsiones sobre infraestructura vial, equipamientos y espacio público sin sustento estadístico; ausencia de evaluación y seguimiento; y desarticulación de la planeación con los municipios contiguos, es decir, la falta de una visión regional, hoy más urgente que nunca y claramente prevista en el Plan Nacional de Desarrollo.

En cuanto a las deficiencias presupuestales están la escasa aplicación de los instrumentos financieros previstos, como la plusvalía; la insuficiente incorporación de los proyectos de OT en los planes de desarrollo; y la ausencia de estudios sobre costos y financiación de las acciones establecidas.

También se evidenció la carencia de sistemas de control y seguimiento (expedientes municipales), una escasa participación ciudadana y la ausencia de modelos territoriales de ocupación.

Teniendo en cuenta los grandes retos que implica la construcción de la paz territorial, llegó la hora de “pararle bolas” en serio al ordenamiento del territorio, es decir, a la forma en que se va a ocupar y a utilizar el suelo urbano y rural del país. Esta es una magnífica oportunidad para los mandatarios territoriales, puntualizó el Director del IGAC.