La Asociación Colombiana de Petróleo, que reúne a medio centenar de compañías petroleras extranjeras con operaciones en Colombia, pidió este martes al Gobierno aclarar "rápidamente" cuál empresa estaría presuntamente haciendo pagos extorsivos a grupos ilegales armados, como denunció el presidente Juan Manuel Santos.

En el departamento de Arauca, el mandatario dijo el lunes que estaban investigando datos en torno a que un contratista de una empresa extranjera había hecho un pago extorsivo. "Es una empresa extranjera y esa empresa la sacamos del país" si se comprueba el pago, dijo Santos.

En respuesta a las palabras del mandatario, Alejandro Martínez, presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo, aseguró que el gremio no sabe cuál es la empresa. “Nos parece imperativo que el Gobierno rápidamente aclare cuál contratista de servicios es el que se ha visto involucrado en esta situación, porque mientras tanto todo el sector queda en el banquillo de los acusados”, dijo.

De todas maneras, Martínez fue claro al afirmar que si las autoridades llegan a determinar que efectivamente se hizo el pago, de cuánto y en qué condiciones, entonces la contratista o empresa debe ser sancionada. "Si violaron la ley, les debe caer toda la sanción", añadió.

Martínez aseguró que ha recibido de sus asociados un creciente número de denuncias sobre intentos de cobro de pagos en los últimos meses, a cambio, por ejemplo, de evitar un atentado en sus instalaciones. Sin embargo, el dirigente gremial no ofreció detalles de las denuncias.

Recientemente, el pasado 8 de junio, cuatro ciudadanos chinos, contratistas de la empresa multinacional petrolera Emerald Energy, fueron secuestrados por las FARC en Caquetá. Hasta ahora se desconoce el paradero de los contratistas y las autoridades han dicho que la búsqueda de un pago extorsivo sería una de las causas del plagio.

José Juan Rivera, presidente de la Asociación de Municipios Petroleros de Colombia (AMPET), que agrupa a 48 de los 80 municipios productores de crudo del país, dijo telefónicamente que aunque no llevan una estadística de esos casos de denuncias de extorsión ni sobre cuáles empresas, tales casos "se conocen de tiempo atrás".

El ministro de Minas y Energía, Carlos Rodado, aseguró que las declaraciones del presidente surgieron por datos encontrados a un guerrillero. Pero "no se puede decir más de eso para no interferir en la investigación", dijo el ministro a Caracol Radio.

Sólo ratificó que esos dineros de la extorsión son parte de las fuentes de financiamiento de los ilegales para su accionar en contra del Estado y la sociedad.

El mandatario no identificó la empresa cuestionada ni reveló el monto del presunto pago o cuál grupo se habría hecho con el dinero. En Arauca operan diferentes grupos ilegales como las FARC, el ELN y bandas dedicadas al narcotráfico.